Acusan a Penalva y Subirán de utilizar fotos publicitarias de una empresa de montaje para investigar el supuesto chalet de un testigo

El juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán han aportado ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) varias fotografías publicitarias de una empresa de montaje de ventanas como si del chalet de un investigado en el caso Cursach se tratase. Así lo ha denunciado el ciudadano a quien los dos juristas acusan de haber construido una vivienda plurifamiliar en Rumanía con dinero obtenido “en España”, supuestamente a cambio de servicios prestados al empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach.

Junto a las imágenes, los dos juristas reclaman que el tribunal libre exhorto, a través de la Embajada de Rumanía, para recabar información patrimonial del propietario del supuesto chalet. Se trata de Adrian V., un ciudadano a quien uno de los testigos clave de Penalva y Subirán, Daniel Corral (ex camarero de la discoteca Tito’s y ex testigo protegido 29), involucró en el caso Cursach por agresiones y amenazas que nunca se habrían producido, tal y como puso de manifiesto un informe de la Policía Nacional incorporado a la causa que investiga las supuestas prácticas ilícitas llevadas a cabo por juez y exfiscal para apuntalar sus acusaciones en torno a una supuesta trama de extorsiones dirigida a favorecer los intereses de Cursach.

Entre las numerosas diligencias cuya práctica solicita en su escrito la defensa de Penalva y Subirán se encuentra la testifical de la jueza Carmen González -antecesora del primero al frente de las anteriores pesquisas- a fin de “acreditar el estado de presión, terror y miedo al que eran sometidos tanto la citada instructora como mi mandante el señor Subirán”; la del fiscal Juan Carrau, la del fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló y la del exjuez Miquel Florit.

Por su parte, el abogado de Adrian V. recrimina en su escrito, respecto a las fotografías aportadas por juez y exfiscal, que se pretenda “desacreditar” a su patrocinado acusándole de “jactarse” de estar construyéndose un chalet en la localidad rumana de Sibiu “con el dinero obtenido en España”. Tras negar tajante este hecho, el letrado señala que el joven vive, junto a su madre, en un apartamento de cuarenta metros cuadrados situado a las afueras de la localidad rumana de Sibiu y que no es de nueva construcción. “Nada tiene que ver con la construcción fotografiada”, asevera.

“El derecho de defensa no ampara la mentira ni el insulto”, prosigue el abogado de Adrian V., que recalca que las fotografías acerca del supuesto chalet “no hacen sino corroborar lo manifestado en el informe número seis”. Se refiere, en concreto, al informe que la Policía Nacional elaboró en el marco de la causa que investiga las supuestas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso Cursach por parte de Penalva, Subirán, varios miembros del grupo de Blanqueo y los testigos principales de los que se valieron. En el documento, los inspectores llegan a considerar al ex testigo 29 "un auténtico misil teledirigido” por los antiguos investigadores contra todo aquel que dificultase sus pesquisas e impidiese que lograran acusaciones “a toda costa”.

El letrado de Adrian V., ahora acusación particular en esta última causa, subraya que las fotografías aportadas por Penalva y Subirán “han sido buscadas en internet y atribuidas a mi mandante, quien jamás ha podido jactarse de su construcción, y mucho menos con los investigados o su entorno, puesto que desde junio de 2017 tuvo una orden de alejamiento para con Daniel Corral, con el que no se comunicó en ningún momento”.

Finalmente, el letrado asevera que la atribución de las fotografías a un supuesto chalet de su cliente “es fraudulenta y de mala fe”. Sobre todo, teniendo en cuenta que, “simplemente buscando imágenes parecidas a las aportadas mediante cualquier buscador gratuito de internet”, se comprueba que las imágenes corresponden a la publicidad de una empresa de montaje de ventanas de Sibiu. “Ello corrobora, como bien apunta el informe seis, la avezada costumbre del señor Corral para hurgar en las redes sociales, sobre todo en Facebook, en su incansable búsqueda de datos para construir sus mentiras”, subraya el escrito.

La Fiscalía aporta la grabación de una reunión con el ex testigo 29

Precisamente, otra de las acusaciones particulares personadas en el caso, la ejercida por el exjefe de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma Gabriel Torres, recriminó la semana pasada ante el TSJIB que las actuaciones de Corral están siendo “completamente guiadas” por Penalva y Subirán, “únicos posibles beneficiados”, en su opinión, de las afirmaciones vertidas por el ex camarero en dependencias judiciales. El exresponsable policial criticó, en esta línea, la estrategia de ambos juristas dirigida a apartar a uno de los fiscales anticorrupción de Madrid personados en la causa que les investiga.

Y es que, durante la declaración que prestó a mediados de septiembre ante el TSJIB, Corral denunció el “maltrato” recibido en una reunión en la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, celebrada en octubre de 2019, por parte de Tomás Herranz, uno de los fiscales que investigan la trama el papel de Penalva y Subirán al frente del caso Cursach. Frente a tales acusaciones, que generaron todo tipo de reacciones entre las partes personadas, el fiscal, presente en la declaración, aseguró disponer de las grabaciones del encuentro en la Fiscalía, que desmontarían las manifestaciones de Corral.

Ahora, el fiscal ha aportado tales audios y señala en un escrito que el motivo que justificó que Corral fuera recibido en la Fiscalía se debía a que había alegado que “sufría una situación de desamparo” por la que “se había tenido que ir de España”. Y, después de que recientemente, tras trascender la existencia de la reunión, la defensa de Penalva y Subirán acusara al Ministerio Público de “ocultar” actuaciones relativas al caso en el que se les investiga, asegura que, a lo largo del encuentro, Corral “no relató hecho alguno que guarde relación con los hechos que se investigan en la presente causa”.

“Tras una declaración confusa en la que pasaba de un tema otro, por el Ministerio Fiscal se intentó recapitular para centrar el objeto de la visita. En definitiva, lo que venía a manifestar es que se sentía desprotegido. (…) Al terminar el acto se le preguntó si quería añadir alguna cosa más, lo que aprovechó para afirmar que le habían insultado delante del juez Manuel Penalva y del fiscal Miguel Ángel Subirán”, sentencia el escrito del fiscal.