El TSJIB rechaza agrupar en una sola acusación a los perjudicados en la causa contra Penalva y Subirán

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha rechazado agrupar en una sola acusación a la treintena de perjudicados personados en la causa abierta contra el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán por las presuntas irregularidades que cometieron mientras se encontraban al frente del caso Cursach.

Mediante un auto al que ha tenido acceso Crónica Balear, la máxima instancia judicial de las islas ha rechazado así la petición que efectuaron ambos investigados para que las acusaciones se aglutinasen en una y así simplificar la tramitación del proceso judicial.

Tanto juez como fiscal se amparaban, para cursar su solicitud, en el artículo 109.bis.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que permite al juez decretar que las representaciones de las víctimas se agrupen en una o varias “cuando pueda verse afectado el buen orden del proceso o el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”.

Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB, encargada de instruir el caso, asevera que esta facultad debe ejercerse “con pleno respeto al derecho a la tutela judicial“, que, a su vez, incluye el derecho de los perjudicados a designar una dirección letrada y procesal de su confianza. El magistrado considera, por tanto, que tal derecho debe preponderar “sobre el principio de economía procesal” alegado por Penalva y Subirán.

En cualquier caso, deja abierta la posibilidad de agrupar a las acusaciones en caso de que en un futuro, se vea “imposibilitado a ordenar el proceso por la multipluralidad de partes personadas”.

Tanto juez como fiscal declararon por primera vez el pasado 6 de febrero, en calidad de investigados, en dependencias del TSJIB. Lo hicieron para defenderse de las acusaciones que les sitúan en el epicentro de un cúmulo de actuaciones supuestamente ilícitas dirigidas a armar a su antojo el caso Cursach. La instancia judicial asumió a mediados de enero estas pesquisas, más conocidas como “caso Whatsapps”, al ser ambos aforados.

Tras la comparecencia de Penalva y Subirán, las acusaciones han presentado una batería de escritos dirigidos a solicitar, entre otras diligencias, la práctica de numerosas testificales o el acceso a los chats completos con las conversaciones que, en paralelo a la instrucción del caso Cursach, intercambiaron ambos y varios agentes de Blanqueo también investigados.

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