Apelan a la presunción de inocencia de los mandos ascendidos en la Policía Local de Palma

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) ha apelado a la presunción de inocencia de los dos mandos acusados en el marco del caso Cursach a quienes se les han reasignado tareas y responsabilidades en la Policía Local de Palma.

Desde la entidad apuntan a la “disparidad de criterios y perspectivas” que tal reestructuración ha generado entre los partidos que integran el equipo de gobierno en el Ayuntamiento, sobre todo en relación a la “mal entendida reincorporación de mandos de la Policía Local”. “No se trata de una reincorporación (ya se habían reincorporado hacia meses) sino de una reasignación de tareas y responsabilidades“, precisan desde la entidad sindical.

“Nos complace enormemente que todos los partidos políticos que forman
gobierno en Cort se preocupen sobre el devenir de la Policía Local de Palma”, aseveran desde SPPME, quienes aplauden la decisión de la regidora Joana Maria Adrover y del intendente de la Policía Local “de reasignar tareas y responsabilidades a toda la escala técnica del cuerpo de la Policía Local”.

Una decisión que, recriminan, “no fue capaz de asumir [la exconcejala de Seguridad Ciudadana y actual edil de Infraestructuras y Accesibilidad] Angélica Pastor durante los últimos cuatro años de mandato”.

“Ante todo queremos volver a incidir en la presunción de inocencia. Concepto constitucional que nos diferencia entre una dictadura y un régimen democrático”, aseveran. E inciden en que, “dicho esto, debemos separar las responsabilidades penales de las responsabilidades políticas“.

“Las primeras las dictamina el Poder Judicial con las medidas preventivas
que nuestro ordenamiento jurídico impone (¿les suena la separación de poderes?). Pero, mientras tanto, impera el derecho a la presunción de inocencia”, recalcan en esta línea.

“Menoscabo” de la Policía Local de Palma tras el vídeo de Sonia Vivas

Desde la entidad subrayan que “muy diferentes” son las responsabilidades políticas, “no sujetas al ordenamiento jurídico y que se basan en la ética y la moral que debe seguir en todo momento un dirigente político en nuestro país. Aun cuando una actuación política no tenga una responsabilidad penal, sí puede ser un acto políticamente censurable que conlleva una responsabilidad, en este caso política”.

Señalan que “en este último caso nos encontramos ahora tras haber conocido un
vídeo en el que la regidora de Justicia Social de este Ayuntamiento filmó a una persona detenida en los calabozos del cuartel de la Policía Local de Palma y lo difundió a través de las redes sociales”.

“Más allá de la responsabilidad penal, que, como hemos dicho, deberá decidir un juez -por lo que impera mientras tanto la presunción de inocencia-, sí impera la responsabilidad política por lo ética y moralmente reprochable y el daño contra la institución de la Policía Local que ha supuesto este comportamiento, desprestigiando la imagen de un cuerpo como la Policía Local de Palma”, afirman.

Por todo ello, piden nuevamente la renuncia de la concejala, Sonia Vivas, de sus responsabilidades en el equipo de gobierno “por el menoscabo en la imagen de esta Policía o, en su defecto, el cese por parte del señor alcalde de todas las responsabilidades de la mencionada regidora”.

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