Cáritas advierte de que el 21,5 % de la población balear está en exclusión social


Cáritas ha advertido este miércoles de que 243.000 personas de Baleares, en torno a un 21,5 % de la población, están en una situación de exclusión social, con lo que las islas son la tercera comunidad con mayor grado de exclusión, solo por detrás de Canarias (29,1 %) y Extremadura (23,2 %).

De ese 21,5 % que vive situaciones de exclusión, el 8,7 % padece pobreza severa y el 12,8 % moderada, ha informado Cáritas en un comunicado.

El secretario técnico de la Fundación FOESSA, Raúl Flores, considera que la exclusión social se ha enquistado en las islas, dando paso a lo que ha denominado «sociedad estancada», según reflejan los datos del «VIII Informe FOESSA Baleares 2018».

De los 243.000 baleares en situación de exclusión, la población en situación de exclusión social severa que se sitúa en 98.000 personas, quienes carecen de una vivienda segura o adecuada, sufren paro persistente, precariedad laboral extrema e invisibilidad para los partidos políticos.

Dentro de este bloque, unas 38.000 personas son calificadas en el informe como «sociedad expulsada», a quienes únicamente preocupa «poder sobrevivir día a día».

El informe recoge también que la recuperación económica ha permitido que 34.000 personas en Baleares hayan abandonado el umbral máximo de la exclusión y la «sociedad integrada» (aquella que no tiene dificultades para tener una vida digna) ha mejorado pasando a representar un 43 % de la población.

Cáritas advierte de que, dentro de esta franja se está produciendo una grieta por su base: un grupo de 211.000 personas que a pesar de estar en el espacio de la integración, se encuentran en una situación de inseguridad, siendo los primeros en incorporarse al espacio de exclusión si se produce una desaceleración económica.

Baleares es además la comunidad donde más ha crecido la desigualdad entre pobres y ricos. La renta media se ha incrementado un 11 % en los últimos 10 años, pero esta subida sólo ha sido del 0,6 % entre la población con menos ingresos, «siendo este uno de los resultados de una salida de la crisis basada en el crecimiento del empleo de baja calidad», según el informe.

Los cuatro factores de desigualdad que según Foesa marcan el riesgo social en las Islas son la vivienda, el trabajo, el conflicto social y la salud.

Un total de 85.000 personas viven con la incertidumbre de quedarse sin hogar y 120.000 en viviendas inadecuadas. Un 14 % de la población balear está en el umbral de la pobreza severa después de descontar gastos o deudas relacionadas con el pago de la vivienda y los suministros.

En cuanto al empleo, la temporalidad está generando trabajadores pobres y excluidos. La tasa de trabajadores en pobreza severa es del 8,6 % y el 19,6 % de los trabajadores están en situación de exclusión, por lo que tener un trabajo no garantiza salir de la pobreza y la exclusión. Además, el paro de larga duración alcanza al 24 % de desempleados en 2018, el triple que en 2007.

Las situaciones de conflictos sociales (conductas anémicas, adicciones, malos tratos, relaciones vecinales y familiares deterioradas) afectan al 13,7 % de la población balear, porcentaje que se duplica para la población en exclusión ya que alcanza al 32,1 %. En el caso de quienes sufren exclusión severa, el 34,7 % pacede además algún conflicto social.

El informe destaca que la incidencia de este tipo de conflictos ha aumentado considerablemente entre 2013 y 2018 en Baleares, del 5,1 % al 13,7 %.

Otro indicador del apartado del conflicto social es que el 27,9% de la población señala haber percibido algún tipo de discriminación, – ya sea por razones de sexo (20 %) o por razones de etnia (11 %), un porcentaje que en las islas duplica el dato nacional.

La falta de recursos económicos ha supuesto que un 10 % de la población balear haya dejado de comprar medicinas o haya parado un tratamiento por esta falta de ingresos. El Informe FOESSA también destaca que 4.000 personas en situación de dependencia y que necesitan ayuda de otra persona no la reciben por falta de recursos económicos.

Baleares también se caracterizan por un gasto en protección social inferior a la media española, con 2.840 euros por habitante, de los cuales el 78,8 % fueron financiados por la Seguridad Social, el 11,1% por la administración central, el 7,2 % para las corporaciones locales y el 2,8 % por la administración autonómica.

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