El Congreso volverá a cerrar sin debatir ni una sola Ley económica en 4 meses
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (i), responde al líder del PP, Pablo Casado, durante la segunda y última sesión de control de esta legislatura celebrada este miércoles en el hemiciclo del Congreso. EFE


El Congreso de los Diputados volverá a cerrar sus puertas el próximo lunes ante las previsibles elecciones generales del 10 de noviembre y sin haber debatido ni una sola propuesta de Ley económica en cuatro meses.

Desde que el 21 de mayo se constituyera la XIII Legislatura los grupos parlamentarios han registrado 49 proposiciones de Ley, de las que 13 eran económicas, algunas de ellas ya presentadas en la anterior legislatura y que vuelven ahora a decaer; como la propuesta para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, del PSOE, o la que establecía el impuesto a la banca, de Unidas Podemos.

Se quedará en el tintero la Ley registrada por los socialistas que establecía medidas para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y que establecía sanciones que podían llegar hasta los 50.000 euros por discriminación y obligaba a una cuota femenina en 2023 en los consejos de administración de las empresas cotizadas.

También caerá en saco roto la ley de Protección y Apoyo a las Familias, de Ciudadanos, una de las primeras registradas, y que solicitaba bajar el tramo máximo del IRPF un punto, al 44 %, a partir de rentas de 60.000 euros anuales y establecer deducciones fiscales de 1.200 euros anuales para familias con dos hijos y monoparentales con 1 hijo, y de 2.400 euros para familias numerosas con 3 hijos y monoparentales con 2 hijos.

En el mismo sentido también queda paralizada la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que pedía Unidas Podemos y que instaba al cierre de las centrales nucleares cuando se produzca el vencimiento de sus actuales permisos de explotación y el cierre de las centrales de carbón, como máximo, el 31 de diciembre de 2025.

Esta proposición también pedía municipalizar la red de distribución eléctrica en el plazo de un año así como eliminar peajes y cargos en la factura de electricidad para que el término fijo de un consumidor medio no represente más del 25 % del total de la parte regulada de la factura.

En materia energética la formación morada también había registrado otra Ley para revertir los saltos hidroeléctricos con el fin de que pasaran a manos públicas.

Además, una de las últimas leyes registradas y calificadas por la Mesa del Congreso en materia de energía procedía del grupo parlamentario popular que instaba a suprimir definitivamente el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.

Y es que los seis meses de prórroga de la suspensión del impuesto del 7 % a la generación eléctrica finalizaron en abril.

El grupo parlamentario popular también había vuelto a registrar la proposición de Ley que solicitaba la supresión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la primera vivienda, por considerar que al hacerse cargo de él los bancos pueden repercutirlo en las familias e incrementar el coste de las hipotecas.

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