El juez Miguel Florit
EP


El juez Miquel Florit continuará al frente del caso Whatsapps. La Audiencia Provincial de Baleares, mediante un contundente auto, ha rechazado apartar al magistrado de la causa que investiga las presuntas filtraciones a la prensa del conocido como caso Cursach así como las conversaciones cruzadas entre el exinstructor de las pesquisas Manuel Penalva, el fiscal Miguel Angel Subirán y varios agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional en Baleares presuntamente con el objetivo de alterar pruebas y facilitar futuras condenas.

Y expone varios razonamientos para justificar su decisión. No sólo califica de extemporánea la recusación formulada contra Florit por parte del exjefe de Blanqueo de las islas -el agente se personó en el caso el pasado 7 de enero y no fue hasta cuatro meses después cuando cursó la petición contra el juez, cuando la Ley de Enjuiciamiento Civil establece un plazo máximo de diez días para recusar desde la notificación de la primera resolución por la que se conociese la identidad del magistrado a apartar-, sino que tampoco aprecia el tribunal motivo legal alguno por el que Florit deba dejar la causa e incluso tilda de “absurdo e injustificado” cuestionar su imparcialidad a la hora de llevar a cabo sus actuaciones judiciales.

No en vano, a través de una resolución de diez páginas, la Sección Segunda de la Audiencia asevera que no cabe apreciar interés alguno por parte de Florit que pueda afectar a la instrucción del caso puesto que, entre otros motivos, el propio juez se inhibió a favor del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para que éste asumiera las investigaciones contra Penalva y Subirán desde el momento en que salió a la luz “la implicación de un compañero y un fiscal en el presunto deliro de revelación de secretos”.

El tribunal incide, asimismo, en que no cabe invocar la existencia de un interés directo o indirecto, como alegaba el exresponsable de Blanqueo, por existir contra Florit una causa abierta en la máxima instancia judicial de las islas por un delito de prevaricación por supuestamente vulnerar el secreto profesional del periodista cuando ordenó incautar el teléfono de dos redactores para investigar el rastreo de llamadas realizadas y la revelación de secretos que se habrían producido en el caso Cursach.

La Audiencia es tajante a la hora de rebatir el hecho de que las resoluciones que proceda a dictar Florit en el caso Whatsapps pudieran estar, en lo sucesivo, “teñidas de parcialidad”: “a este respecto, el único interés que podría tener el juez instructor sería defender la legalidad de las resoluciones cuya ilicitud y carácter delictivo y prevaricador ha sido cuestionada en el proceso ante el TSJIB, más ese interés solo lo tendría en el proceso en el que es querellado”.

El auto asevera que el policía recusante no es parte en ese procedimiento judicial ni ha intentado personarse en él en calidad de acusación popular “su pretexto de defender un interés colectivo y difuso”, motivo por el que rechaza las pretensiones del agente.

Cabe recordar que el caso Whatsapps fue  incoado a raíz de la denuncia interpuesta por Bartolomé Sbert, mano derecha del empresario de la noche Bartolomé Cursach. Precisamente, el pasado mes de mayo la defensa de Sbert presentó un duro escrito para solicitar que la causa sea elevada al TSJIB -debido al aforamiento de Penalva y Subirán– y sea este órgano el que investigue la trama que ambos habrían urdido para construir a la carta el caso centrado en las actividades llevadas a cabo por Cursach.

En su escrito, el abogado de Sbert aseveraba cómo juez y fiscal necesitaban testigos “maleables” con los que “sustentar su relato de ficción” y, de forma paralela, difundir sus tesis “con la máxima difusión a través de un medio comunicación cooperador que, como altavoz mediático, contaminase asentando el prejuicio de culpabilidad y generase la posverdad ansiada”.

A lo largo de sus 25 páginas, el letrado del que fuese número dos de Cursach apunta a la “magnitud e ingente número de indicios nítidos y solventes” contra el magistrado y el fiscal, ambos apartados del caso, a quienes atribuye las más de treinta filtraciones que se habrían llevado a cabo, lo que “dispara exponencialmente el número de sólidos indicios de comisión de otros delitos muy graves”. La Fiscalía también reclama que ambos sean encausados por el TSJIB, que aún no se ha pronunciado sobre ello.

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