Hassanal Bolkiah
Hassanal Bolkiah | Reuters


El nuevo Código Penal de Brunéi, que contempla la ejecución por mantener relaciones con personas del mismo sexo y la amputación de extremidades en los casos de robo, ha entrado en vigor este miércoles, a pesar de las críticas vertidas por parte de la comunidad internacional.

La nueva legislación estipula la pena de muerte para la violación, el adulterio, la sodomía, las relaciones extramatrimoniales en el caso de los musulmanes, el robo y el insulto o la difamación a Mahoma.

Asimismo, contempla latigazos para las mujeres que aborten y amputaciones a los condenados por robo, al tiempo que criminaliza exponer a niños musulmanes a las creencias y prácticas de cualquier otra religión distinta al Islam.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reclamó el lunes a Brunéi que suspendiera la aplicación de estas modificaciones al Código Penal y resaltó que el mismo «supondría un duro varapalo para la protección de los Derechos Humanos del pueblo de Brunéi».

En este sentido, subrayó que el Derecho Humanitario impone restricciones estrictas al uso de la pena de muerte, existente en el país pero abolida en la práctica. La última ejecución en Brunéi fue llevada a cabo en 1957.

Por ello, Bachelet pidió a Brunéi «que mantenga su moratoria ‘de facto’ al uso de la pena capital», antes de reiterar que «cualquier legislación con base religiosa debe evitar violar los derechos Humanos, incluidos los de aquellos que pertenecen a la religión mayoritaria, los de religiones minoritarias y los no creyentes».

De esta forma, la oficina de Bachelet advirtió además de que las cláusulas del Código Penal revisado podrían incitar además a la violencia y la discriminación contra la mujer, según la orientación sexual y contra las minorías del país.

HRW Y AMNISTÍA CONDENAN LA DECISIÓN

«El nuevo Código Penal de Brunei es una barbaridad e impone castigos arcaicos para actos que no deberían ser ni siquiera delitos», ha defendido este miércoles el subdirector para Asia de Human Rights Watch (HRW), Phil Robertson. «El sultán debería suspender inmediatamente las amputaciones, lapidaciones y todas las demás disposiciones y castigos que contravienen los derechos», ha reclamado.

«Cada día que el Código Penal esté en vigor es un asalto contra la dignidad humana», ha insistido Robertson, que ha defendido que los gobiernos de todo el mundo deberían dejar claro al sultán que «no se puede seguir como hasta ahora mientras la amenaza de flagelar, lapidar o amputar siga en los libros».

Desde Amnistía Internacional también han expresado su preocupación porque «estos odiosos castigos se hayan convertido en ley». Su subdirector de asuntos mundiales, Stephen Cockburn, ha denunciado que los nuevos castigos «son tremendamente crueles y no tienen cabida en ningún lugar del mundo».

«Estamos alarmados porque el código criminaliza conductas que no deberían ser consideradas delitos para nada», ha sostenido, pidiendo a la comunidad internacional que condene la decisión de Brunei de imponer esos castigos crueles.

«Las autoridades de Brunei deben contenerse de aplicar estas leyes y deben adoptar las medidas necesarias para revocar esta legislación inaceptable y ponerla acorde con las leyes y estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos», ha defendido Cockburn.

EL SULTÁN DEFIENDE LA MEDIDA

Pese a las críticas, el sultán y primer ministro de Brunéi, Hassanal Bolkiah, defendió las nuevas leyes a través de un comunicado, según Reuters. «La ‘sharia’, además de criminalizar y disuadir actos que van contra las enseñanzas del Islam, busca educar, respetar y proteger los derechos legítimos de todas las personas, sociedades y nacionalidades de toda fe y raza», dijo en un comunicado.

El sultán Bolkiah, de 72 años, es el segundo monarca más longevo del mundo y figura como una de las personas más ricas del mundo. En el país no se celebran elecciones y se fundamenta en un sistema rentista en el que no hay impuestos, la sanidad y la educación es gratis y hay subsidios a la vivienda.

Brunéi fue el primer país en introducir la ley criminal islámica en 2014, cuando anunció el primero de los tres pasos de cambios legales que incluían multas y cárcel por ofensas como el embarazo fuera del matrimonio o no rezar los viernes.

La homosexualidad es ilegal en Brunéi y es punible hasta con 10 años de encarcelamiento, pero los cambios previstos incluyen los latigazos y la lapidación para los musulmanes que sean condenados por adulterio, sodomía o violación, según han alertado grupos de Derechos Humanos.

Las actitudes socialmente conservadoras son una constante en el sureste asiático. Birmania, Malasia, Singapur y Brunéi tienen prohibidas las relaciones entre personas del mismo sexo, mientras que en Indonesia ha habido un aumento de los ataques contra el colectivo LGTB en los últimos años.

Brunéi, un antiguo protectorado británico de unos 400.000 habitantes enclavados entre dos estados malasios en la isla de Borneo, es el primer país del este asiático en adoptar el componente criminal de la ‘sharia’ a nivel nacional.

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