El tortuoso camino hacia la Justicia por el genocidio de Ruanda
Reuters


Más de 800.000 tutsis y hutus moderados murieron en los cien días transcurridos entre el 6 de abril de 1994, cuando el avión del presidente ruandés, Juvenal Habyarimana, fue derribado sobre Kigali sin dejar supervivientes, y el 4 de julio, cuando el Frente Patriótico Ruandés (FPR) tomó el control del país. La Justicia, en cambio, se ha hecho esperar décadas y aún hoy hay al menos tres grandes criminales a la fuga.

El horror vivido en Ruanda en esos tres meses de 1994 dio lugar a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas creara el 8 de noviembre de ese mismo año el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) con el mandato de «procesar a las personas responsables del genocidio y de otras graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario» cometidas en la nación africana.

Era la segunda vez que el Consejo de Seguridad hacía uso de los amplios poderes que le otorga la Carta de la ONU para crear cortes ‘ad hoc’ de alcance internacional. Ya lo había hecho el 25 de mayo de 1993 para no dejar impunes los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia, los peores vividos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El único precedente eran los procesos de Nuremberg y Tokio.

En sus 20 años de historia (1995-2015), el TPIR imputó a 93 personas, de las cuales 62 fueron condenadas –incluidos el primer ministro interino de Ruanda en esa época, Jean Kambanda; el ministro de Defensa, Théoneste Bagosora; y el jefe de las Fuerzas Armadas, Augustin Bizimungu–, 14 fueron absueltas, diez fueron remitidas a tribunales nacionales, dos murieron antes de ser juzgadas, dos fueron desimputadas y tres permanecen prófugas.

El TPIR se enfrentó al enorme reto de ser el primer tribunal en interpretar el crimen de genocidio definido en la Convención de 1948, siendo uno de los más difíciles de juzgar porque no basta con acreditar la masacre sino que es necesario probar «la intención de destruir totalmente o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso». A pesar de la complejidad jurídica, se adentró de lleno y alumbró algunos hitos judiciales.

SENTENCIAS ICÓNICAS

Basándose en el único precedente de la condena a Julius Streicher en Nuremberg por llamar al exterminio de los judíos en el semanario alemán ‘Der Sturmer’, juzgó a Jean Bosco Barayagwiza y Ferdinand Nahimana, fundadores de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTLM), y a Hassan Ngeze, fundador del periódico ‘Kangura’, por «incitar directa y públicamente» a la matanza de tutsis.

Los acusados trataron de ampararse en la libertad de expresión, si bien el TPIR aclaró que nada tiene que ver con «difundir mensajes de odio o incitar a actos atroces contra otros». El daño, argumentó, se causó no tanto por las palabras como por la realidad adulterada que dibujaban con «estereotipos étnicos» en los que describían a los tutsis como «cucarachas» que acaparaban «todo el dinero».

El TPIR destacó el papel de la emisora ruandesa, apodada ‘Radio Machete’, en el alzamiento popular que se produjo el 7 de abril. La RTLM atribuyó el derribo del avión presidencial a un ataque del FPR –integrado por tutsis exiliados– y las fuerzas de paz de la ONU y llamó a acabar con «las cucarachas». Horas después, la primera ministra, Agathe Uwilingiyimana, y los diez ‘cascos azules’ belgas que la protegían eran asesinados.

La corte de Arusha también fue pionera al establecer que la violencia sexual constituye un acto de genocidio en la medida en que, tal y como ocurrió en Ruanda, donde más de 250.000 niñas y mujeres tutsis fueron violadas, es utilizada con la intención de erradicar a un grupo determinado.

Marceline tenía 17 años cuando comenzó la carnicería. Los interahamwe, una milicia hutu, llegaron a su barrio el 9 de abril. «Fui la única que quedó viva», dice en declaraciones a la fundación de supervivientes SURF. Fue entregada a un hombre que «hizo todo lo que quiso» con ella. «Decidí suicidarme en una letrina», relata. Finalmente, consiguió huir y fue encontrada y auxiliada por el FPR.

SOLUCIONES «CREATIVAS»

El TPIR ventiló los casos más importantes pero no era suficiente para procesar a las 120.000 personas que en los años siguientes al genocidio fueron detenidas por su presunta implicación. Adama Dieng, el relator especial de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, que fue el registrador del TPIR, reconoce a Europa Press que no pudo ser exhaustivo.

Así, el sistema judicial de Ruanda, que sufrió una gran reforma para alcanzar los estándares internacionales, se ocupó de los acusados de planear el genocidio y de cometer atrocidades, entre ellas la violación. En la primera década había juzgado 10.000 sospechosos.

Los casos seguían acumulándose y el Gobierno de Paul Kagame decidió recuperar las cortes Gacaca para juzgar todos los crímenes, excepto el de planear el genocidio. En este sistema de justicia tradicional cada comunidad establece su tribunal seleccionando los jueces entre los vecinos. En diez años (2002-2012), resolvieron casi dos millones de causas.

Las cortes Gacaca han sido criticadas como mecanismo de administración de justicia porque se basaban en las confesiones premiadas de los acusados, que recibieron penas menores, como trabajos comunitarios, para favorecer la reconciliación nacional en un país absolutamente dividido.

Hubo muchos «juicios injustos mancillados por la intimidación, la corrupción y los errores en la toma de decisiones», denuncia Lewis Mudge, director de Human Rights Watch (HRW) para África Central, a Europa Press. «No cumplieron los estándares internacionales», afirma, Rachel Nicholson, investigadora de Amnistía Internacional para África Oriental.

Dieng, en cambio, aplaude la «creatividad» del Gobierno de Ruanda por resucitar las cortes Gacaca. «Lidiar con la astronómica cifra de sospechosos» a través de la justicia ordinaria «habría llevado más de un siglo», subraya el relator especial de la ONU.

«SE HA HECHO JUSTICIA»

«También abogué por que las instituciones judiciales nacionales en todo el mundo llevaran ante la Justicia a los sospechosos que vivían en su territorio», recuerda el jurista senegalés.

En un principio, los países optaron por juzgarlos en sus propios tribunales «bajo el principio de jurisdicción universal», apunta Nicholson. Por ejemplo, el matrimonio formado por Alain y Dafroza Gauthier ha sido clave para identificar a algunos de los cien genocidas ruandeses que calculan que se ocultan en Francia.

No fue hasta 2007, una vez que Ruanda abolió la pena de muerte y emprendió la segunda reforma de su sistema judicial, cuando los países empezaron a confiar en los tribunales ruandeses. Desde entonces, numerosos gobiernos africanos y europeos, principalmente Francia y Bélgica, así como Canadá, han extraditado a los sospechosos detenidos.

A pesar de todos estos esfuerzos, aún hay tareas pendientes. «Una frustración que tengo es la falta de respuesta de la comunidad internacional, específicamente del Consejo de Seguridad, para abordar la cuestión de la compensación y reparación a las víctimas», confiesa Dieng.

HRW reprocha además que las otras víctimas de la violencia vivida en esos tres meses, los decenas de miles de civiles que murieron a manos del FPR en su avance hacia Kigali, han sido olvidadas. «Estos crímenes no son equivalentes ni comparables al genocidio, pero constituyen crímenes de guerra y lesa humanidad y las víctimas y sus familias tienen derecho a que se haga Justicia», defiende Mudge.

Sin embargo, sostiene el experto de Naciones Unidas, «uno puede decir que a nivel global se ha hecho Justicia» por lo que «será recordado como uno de los más aberrantes hechos del siglo XXI: Ruandeses matando a ruandeses, diezmando brutalmente a la población tutsi».

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