Unauto, la patronal de empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), ha advertido a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que pueden afrontar reclamaciones del sector por valor de 4.000 millones de euros en caso de que entren a regular este servicio en sus territorios.

La asociación considera que el Real Decreto que el Gobierno aprobó en septiembre para habilitar a estas administraciones a regular las VTC presenta “dudas de constitucionalidad y adecuación al derecho de la competencia”.

Por ello, insta a las comunidades y a los ayuntamientos a no entrar a regular a los vehículos que dan servicio a las plataformas como Uber o Cabify hasta que no se aclaren dichas dudas.

Unauto lanza esta advertencia después de que el Ayuntamiento de Madrid o el Gobierno del País Vasco hayan avanzado su intención de entrar a regular el sector de las VTC en sus territorios.

El presidente de esta patronal, Eduardo Martín, considera que en caso de presentarse y prosperar dichas reclamaciones, los ciudadanos “tendrían que pagar con sus impuestos el coste de seguir protegiendo el monopolio del taxi”.

Unauto esgrime además un informe del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Santiago Muñoz Machado sobre el Real Decreto, en el que plantea “numerosas dudas sobre su constitucional” al “privar a los titulares de autorizaciones de VTC de derechos consolidados y consolidados”.

El Real Decreto del Gobierno plantea una moratoria de cuatro años para que comunidades y ayuntamientos puedan restringir el número de VTC en sus territorios. El Ejecutivo contempla este periodo como el plazo necesario para que amorticen sus licencias. En tanto, el texto habilita a las regiones regular el sector de forma similar al del taxi.

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