El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha ratificado la decisión del Ayuntamiento de Palma de no adjudicar la gestión del Palacio de Congresos a Barceló Eventos Empresariales, que fue realizada por el PP.

En abril de 2015 se había propuesto adjudicar la gestión de la infraestructura a esta empresa, pero en noviembre de 2015, la Junta de Gobierno de Cort acordó no ratificar la propuesta en relación al procedimiento de licitación convocado por el anterior gobierno municipal.

Por esto, el Grupo Barceló interpuso recurso contencioso-administrativo. Ante este recurso, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma dictó una sentencia en noviembre de 2017 en la que avalaba la decisión consistorial. La sentencia del TSJIB hecha pública este viernes la ratifica.

Así lo ha explicado la presidenta del Palacio de Congresos de Palma, Joana Maria Adrover, en una rueda de prensa junto al alcalde de Palma, Antoni Noguera, y la vicepresidenta del Govern, Bel Busquets.

Por su lado, Busquets ha mostrado su “gran satisfacción” por que se recojan los “frutos de un trabajo bien hecho” y “justo” a favor de los intereses de la ciudadanía ya que con la anterior adjudicación se hubiera perdido “mucho dinero”, tal como ha acotado posteriormente el alcalde.

Adrover ha detallado que con la anterior adjudicación realizada por el PP se podrían haber llegado a perder hasta 85 millones de euros.

En concreto, en una comparativa en la que la solo se tiene en cuenta el arrendamiento, en 15 años se habrían perdido 7,3 millones y en 35 años 17 millones, un 19,6% en ambos casos.

Si se tiene en cuenta la venta del hotel, en 15 se habrían perdido 37 millones de euros (516%) y en 35 años se habrían perdido 85 millones de euros (448%), según ha dicho Adrover.

Por el contrario, Busquets ha dicho que con la adjudicación actual a Melià, que no contemplaba la opción a compra, en 2017 se generaron unos ingresos de 3,3 millones de euros para las arcas pública y se prevé que a finales del presente año se haya generado unos cuatro millones.

En este sentido, Noguera ha remarcado que esta sentencia supone “la victoria de la legalidad y el interés público”. Ante la sentencia cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Cabe recordar que la negativa a la adjudicación inicial se basó en el posicionamiento acordado por parte del Consejo de Administración del Palacio de Congresos de Palma, S.A., sobre informes jurídicos que detectaban varias “incidencias legales” en la tramitación del concurso por parte del equipo de gobierno del PP.

Asimismo, existe un pleito civil por este mismo asunto que se reanudará cuando la sentencia contencioso-administrativa que acaba de ser ratificada por el TSJIB sea firme.

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