Foto: Europa Press


El Supremo ha dictado una diligencia ese lunes en las que da diez días a los abogados de los 18 procesados en la causa del ‘procés’ independentista en Cataluña para presentar sus escritos de defensa de cara al juicio que se celebrará en los próximos meses.

En dicho documento, la secretaria de la Sala María Antonia Cao les advierte que en las listas de testigos que se propongan, “y con el fin de lograr el adecuado juicio de pertinencia”, se deberá justificar el sentido y finalidad de cada uno de los testimonios.

La diligencia se emite una vez han sido presentados ante la Sala que juzgará el caso los escritos de calificación de la Fiscalia, la Abogacía del Estado y la acusación popular que representa VOX.

En su escrito, presentado el pasado 2 de noviembre, el Ministerio Público solicita 25 años de prisión para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras por un delito de rebelión agravada por malversación de caudales públicos por su presunta participación en el proceso independentista. Las penas que pide el Ministerio Público para los exconsellers y otros dirigentes procesados en la causa que juzgará en los próximos meses el Tribunal Supremo oscilan entre los 7 y los 17 años de cárcel.

Las siguientes penas más altas que solicita el Ministerio Público son para otros tres dirigentes independentistas: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, todos ellos también en prisión provisional.

Para cada uno de ellos, los fiscales del ‘procés’ –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno– piden 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación absoluta, ya que también consideran a Forcadell, Sánchez y Cuixart promotores o jefes del proceso independentista.

En cuanto a los exconsejeros que también están en prisión provisional, esto es, Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), la Fiscalía también les acusa de rebelión, pero en su caso agravada por la malversación, y reclama para cada uno 16 años de cárcel y otros 16 de inhabilitación absoluta.

En otro nivel, el Ministerio Público sitúa a tres antiguos integrantes del Govern de Carles Puigdemont que, a su juicio, no cometieron rebelión, pero sí un delito de malversación y otro continuado de desobediencia grave, éste último por incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional declarando la ilegalidad del proceso de independencia.

Así, Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa) se enfrentan a 7 años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta.

Pero no sólo los exconsejeros están acusados en esta causa, ya que los miembros de la antigua Mesa del Parlament que dieron vía libre a la tramitación de las leyes de desconexión y a la votación de la declaración unilateral de independencia también se sentarán en el banquillo de los acusados.

Para Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet la Fiscalía pide 1 año y 8 meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público sólo por el delito de desobediencia al hacer caso omiso de las prohibiciones del Constitucional, al igual que para Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP. Para cada uno de ello también se solicita el pago de una multa de 30.000 euros.

ABOGACÍA DEL ESTADO Y VOX

Por su parte, la Abogacía del Estado solicita 12 años de cárcel para Junqueras por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, se desmarcan de la postura que hasta este momento habían mantenido de adhesión a los criterios de la Fiscalía, que acusa por rebelión, y solicita penas que suponen rebajar a la mitad lo reclamado por el Ministerio Público.

La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, no ve en lo ocurrido durante los meses de septiembre y octubre del pasado año en Cataluña el requisito de violencia necesaria para poder calificar los hechos de rebelión.

Por ello, para los exconsejeros Forn , Turull , Romeva, Bassa Rull los Servicios Jurídicos del Estado también les acusan de sedición y malversación, pero a diferencia de Junqueras solicita para ellos 11 años y medio de prisión.

En cuanto a Forcadell, la abogada del Estado pide 10 años de cárcel por un delito de sedición, el mismo que atribuye a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para los que se solicitan 8 años de prisión. Un año menos, 7, se reclama para los exconsejeros Meritxell Borràs Carles Mundó, y Santi Vila por malversación y desobediencia grave.

Finalmente, Vox pide 74 años de cárcel para Junqueras y los otros cinco exconsejeros en prisión, 62 años para el expresidente de la ANC Jordi Sànchez;, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart; y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y entre 7 y 17 años para el resto de procesados.

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