La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha cifrado que 2.501 empresas cambiaron su sede social desde el pasado octubre hasta finales de este julio fuera de Cataluña, lo que ha indicado que corresponde al cambio de 3.700 Códigos de Identificación Fiscal (Cif). De estas, el 4,7% fueron a Baleares.

Lo ha dicho este miércoles en la presentación del informe ‘Efectos del traslado de las sedes sociales en la economía productiva de Cataluña’, que el Govern ha realizado para analizar el impacto del Decreto-Ley aprobado en octubre por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Chacón ha resaltado que estos 3.700 Cif –número de identificación tributaria utilizado para las personas jurídicas en España– corresponden al 0,59% del tejido empresarial catalán, que ha señalado que está formado por un total de 618.366 compañías y que en 2017 registró un aumento del 1,5% con 9.385 empresas más con sede en Cataluña.

La consellera ha explicado que la facturación de estos 3.700 Cif suma unos 100.000 millones de euros y ha razonado que esta elevada cifra se justifica en la predominancia de empresas financieras y de asesoría entre aquellas que han trasladado sus sedes y en los “grandes volúmenes” de facturación que éstas mueven.

“No diremos que no ha tenido impacto”, ha reconocido la consellera, pero lo ha minimizado al exponer que los indicadores de crecimiento y de empleo se mantuvieron durante el año pasado y continúan registrando buenos resultados en el actual, así como por la falta de impacto fiscal en los impuestos que recauda la Generalitat y porque no se produjeron traslados de centros productivos.

En concreto, ha detallado que el 80% de estos 3.700 números de identificación tributaria son micro y pequeñas empresas y que también cerca del 80% operan en el sector servicios: que se concentran en las actividades comerciales (26%), actividades financieras (22,2%), consultorías y bufetes jurídicos (15,4%) y sector inmobiliario (11%).

El destino de estas empresas fuera de Cataluña se concentró sobre todo en Madrid (61%), mientras que el 10,3% se fue a la Comunidad Valenciana, el 7,2% a Aragón, el 5,5% a Andalucía y el 4,7% a Baleares.

DEROGACIÓN DECRETO-LEY

Chacón ha criticado que el Decreto-Ley del 6 de octubre del Ejecutivo de Rajoy tuvo una “marcada intencionalidad política” y que menospreciaba los derechos de los accionistas, y ha puesto en duda los motivos que arguyó el Estado para aprobarlo, como su urgencia y excepcionalidad.

Es por ello que ha reiterado su petición de derogación y ha remarcado que no habrá un trato preferencial por parte del Govern para el retorno de las empresas que cambiaron sus sedes sociales, que ha defendido que estaban en su derecho de tomar aquellas decisiones que considerasen más convenientes: “Incentivos fiscales no habrá”, ha asegurado.

Ha garantizado que tanto para las empresas que se fueron como para las que se quedaron el Govern continuará trabajando para que éste sea un territorio atractivo en el que operar: “Lo único que decimos es: Bienvenidos a Cataluña. Ahora y siempre”.

Chacón se ha mostrado “decepcionada y enfadada” puesto que ha remarcado que el Govern no tuvo voz durante muchos meses para poner en valor las cifras de la economía catalana y contrastar las informaciones que ha valorado que se iban difundiendo con intencionalidad sobre el impacto que los traslados tenían en la economía.

“Nos duele que se haya querido perjudicar a los intereses de nuestra economía”, ha expresado y ha resaltado que el Govern apuesta firmemente porque el sistema productivo catalán sea innovador, internacional y abierto y con un crecimiento sostenible e integrador, por lo que ha rehusado que se pueda hablar de inestabilidad en Cataluña.

Ha aseverado que su prioridad como consellera es defender el tejido empresarial de Cataluña y exponer sus “activos”, como que, pese al contexto que se dio el año pasado, el PIB creció un 3,4% respecto a 2016, y ha indicado que antes de finales de año presentarán un informe que valore el retorno de las sedes sociales a Cataluña tras este periodo.

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