Foto: Reuters

El Gobierno de Puerto Rico ha elevado este martes a 2.975 la cifra de personas que perdieron la vida como consecuencia de los estragos causados por el huracán ‘María’ a su paso por la isla en septiembre 2017, una cifra ampliamente por encima de los 64 fallecidos que figuraban hasta ahora como balance oficial.

El gobernador portorriqueño, Ricardo Rosselló, ha dado por válidas las conclusiones de un informe que su Administración había encargado a la Universidad George Washignton y que tiene en cuenta las víctimas atribuibles directa o indirectamente al huracán entre septiembre de 2017 y febrero de 2018.

Este informe llega después de que otro de la Universidad de Harvard estableciese el número de fallecidos por el huracán en 4.645, si bien los expertos de la Universidad George Washignton sostienen que en su caso han tenido en cuenta a las personas que abandonaron la isla. Según los cálculos del último estudio, la población de Puerto Rico se redujo en un 8 por ciento.

El temporal se cebó especialmente con las áreas más pobres, donde la probabilidad de perder la vida fue un 60 por ciento superior, y con las personas mayores, entre las cuales el riesgo también se disparó un 35 por ciento. No obstante, los investigadores esperan ahora entrevistar a familias de fallecidos para determinar cuántas de las 2.975 muertes se debieron directamente al huracán.

ADMITE ERRORES

Casi un año después de que el huracán devastase Puerto Rico, la isla sigue intentando recuperarse de la destrucción de infraestructuras, la falta de agua, los cortes de electricidad y los problemas en materia de servicios esenciales. Los daños en propiedades estarían valorados en 90.000 millones de dólares (unos 77.000 millones de euros)

El desastre también provocó un pulso entre el Gobierno local y el de Donald Trump a cuenta de culpas y responsabilidades, si bien Rosselló ha reconocido ahora los “errores” cometidos. “Teníamos un protocolo. No nos dimos cuenta hasta un poco después que era totalmente insuficiente”, ha admitido, según el diario ‘El Nuevo Día’.

El gobernador ha salido al paso de quienes critican el retraso en la actualización del balance de víctimas y ha alegado que “en aquel momento era el número que se tenía”. Ahora, su Gobierno creará una registro de personas vulnerables en caso de catástrofe y una comisión que aplicará las recomendaciones del último informe.

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