La desaladora de Palma es una instalación para la producción de agua potable, a través de la ósmosis inversa. La instalación está calificada dentro de la “Directiva Marco del Agua Europea”, y como recursos de emergencia para las Illes Balears e igualmente considerada en el “Pla Hidrológic de las Illes Balears”.

Fue construida en 1999, con fondos europeos (con el objetivo de desarrollar el Acuerdo Marco) por la empresa Degremont, SA, que ha ido realizando algunas mutaciones mercantiles hasta que desde abril de 2016 se integra en la multinacional Suez Treatment Solutions, SA, pero que siempre se ha adjudicado los contratos de explotación y mantenimiento en los diversos concursos realizados.

La instalación depende de la Direcció General de Recursos Hidrics, dependiente de la Conselleria de Medí Ambient, esta a su vez del Govern Balear y en última instancia del Parlament de las Illes Balears. El contrato de explotación y mantenimiento es “controlado” por la Agencia Balear del Agua (ABAQUA), la cual en el 2010 realiza una serie de transformaciones, dejando las instalaciones a su cargo más vulnerables a los intereses ajenos privados.

Suez Treatment Solutions, SA forma parte de AGBAR, y esta a su vez de SUEZ, conocida multinacional que, expulsada de la gestión del agua de Paris (Francia) por sus prácticas extractivas a la ciudadanía y su pésimo servicio, se intenta hacer con todos los recursos hídricos del planeta, eufemísticamente denominado por ellos como “posicionarse en el sector del agua mundial”, y participando activamente en el lobby que está presionando por sustituir el calificativo de derecho humano para el agua, por el de producto del que obtener el máximo beneficio.

En España Degremont, SA ha estado imputada en la causa sobre la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular. Recientemente confirmada en una conocida sentencia que ha propiciado una moción de censura resuelta con el cambio de gobierno.

El personal laboral de la instalación es subrogable, y dicha empresa explotadora, entre otros incumplimientos, en connivencia con la administración ha incumplido el número mínimo de trabajadores establecido en el contrato (y es de suponer, por consiguiente, la partida económica). En el 2011-2012 el Defensor del Pueblo hubo de instar para que el Anexo 3 del contrato fuese publicado, confirmando así este extremo.

La lista de posibles incumplimientos (en espera de una investigación instada por las autoridades interesadas) y sus consecuencias es inacabable, pudiendo elegir la temática: incumplimientos en seguridad, en legislación laboral, en adjudicación de contratos, en gestión de contratos de obra, incumplimientos contractuales, etc.

En este contexto el pasado 19 de julio la dirección de la desaladora procede a entregar la carta de despido a nuestro compañero José Manuel Calvo, que hasta el pasado año había ejercido la función de delegado sindical de los trabajadores. Un despido que los servicios jurídicos de nuestro sindicato ya han recurrido y que, para intentar justificarlo, la empresa ha tenido que utilizar 11 folios, se trata de la mayor historia de un despido jamás contada. En realidad lo que pretenden es eliminar al testigo incómodo, ya que el trabajador, fruto de su labor sindical, durante estos últimos años ha podido constatar numerosas deficiencias sobre el funcionamiento de la instalación.

Desde SOM Sindicalistes Balears nos preguntamos: ¿los enormes recursos que está dedicando el Govern Balear son para que una instalación de estas características esté siempre a punto y disponible para dar el mejor servicio de agua potable a la ciudadanía o son para que una gran multinacional genere cuantiosos beneficios a costa de un derecho humano como es el agua?.

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