Foto: Europa Press

Los padres de la niña de tres años desaparecida en Pizarra (Málaga) en julio de 2017 y cuyo cadáver fue hallado horas después en las vías del tren, han presentado una denuncia y una reclamación patrimonial en relación con posibles negligencias ocurridas hasta el momento en el que la niña fue encontrada sin vida, hace ahora justo un año.

Lucía Vivar desapareció en la madrugada del 27 de julio de 2017 mientras jugaba con sus primos en la terraza de un restaurante de la estación de Cercanías del municipio donde cenaban sus padres. El cuerpo sin vida de la pequeña era localizado horas más tarde junto a la línea ferroviaria.

A pesar de que los padres no creyeron desde el principio, hace ahora un año, que Lucía podría haber recorrido sola cuatro kilómetros por las vías del tren, la versión oficial que se ha mantenido siempre ha sido la muerte accidental por un golpe en la cabeza tras andar por la noche cerca de las vías y, posteriormente, haber recibido el impacto del tren.

Así, fuentes cercanas al caso han confirmado a Europa Press que se ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Guardia y una reclamación, iniciativa esta última que se interpone por la vía administrativa en los casos en los que se entiende que ha habido unos daños causados a raíz del funcionamiento de una administración o por incumplimiento de sus obligaciones.

Tanto en el caso de la reclamación como de la denuncia, presentada contra Adif y la Guardia Civil por un supuesto delito de homicidio imprudente por omisión, según la información adelantada por el Diario ‘SUR’, se alude a determinadas actuaciones o decisiones que habrían dado como resultado la muerte de la niña. En cuando a la reclamación, se realiza con base en el baremo de tráfico.

Desde el principio, la familia ha insistido en que se pidió que los trenes no pasaran y que se les dijo que así sería, aunque finalmente no se interrumpió. Así, Adif confirmó en un informe que no recibió petición de suspender el tráfico ferroviario en el trayecto entre las localidades malagueñas de Álora y Pizarra. Este es uno de los argumentos utilizados ahora en las acciones judiciales.

En este sentido, dicho informe indicaba que el Centro de Protección y Seguridad de Adif de Sevilla, interlocutor con la Guardia Civil de la que recibía la información, solicitó el paso con precaución por las vías de la estación de Pizarra por la existencia de personas buscando a la menor, “en ningún momento se refirieron al trayecto entre Pizarra y Álora”.

Se apuntaba que se tenía conocimiento de que se buscaba a la menor “en los alrededores de la estación” y que se dieron instrucciones de “marcha a la vista” al paso por dicha instalación, lo que obliga al maquinista a avanzar con la precaución que requiera el caso, regulando la velocidad de acuerdo con la longitud de vía que se visualiza por delante para que pueda tener el tren ante cualquier obstáculo.

Además, existe un informe de la Guardia Civil que indica que “no se entendió oportuna la paralización total del tráfico ferroviario” sino que “se contextualizó el área de búsqueda en un entorno eminentemente cercano cuyo radio de acción, más si cabe en zonas visibles como lo eran las vías férreas, excluía la presencia de la menor en las mismas por la intensa búsqueda desplegada desde su pérdida”.

Asimismo, los padres sostienen, según publica el rotativo, que no se revisaron bien las cámaras de seguridad. En este sentido, precisan que en un primer momento se comunicó a la Guardia Civil que la niña no aparecía en las imágenes, aunque días más tarde trascendieron las instantáneas en las que se observa a la pequeña en dirección a las vías.

Estas acciones judiciales se producen después de que el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, que se ha encargado del caso, acordara sobreseer provisionalmente la causa, al considerar que se habían practicado las diligencias “necesarias” y tras esto “no existen indicios de que la desaparición de la menor y en la muerte de la misma hayan intervenido terceras personas”.

Ante esto, los padres y sus representantes legales recurrieron dicha resolución y el fiscal ya se ha pronunciado, instando a que se rechace el recurso presentado, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Para la familia, el caso se ha archivado “sin concluir cómo pudo llegar Lucía al lugar donde se halló su cuerpo”, a varios kilómetros de donde se perdió, por lo que siempre han insistido en que siga la investigación para resolver todas las dudas y los interrogantes que tienen.

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