La Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta ha remitido este martes al Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad autónoma, el que se encontraba de guardia el pasado jueves, su atestado sobre la entrada en grupo en la ciudad autónoma a través del perímetro fronterizo de 602 migrantes indocumentados nacionales de Guinea Conakry, Gambia, Congo, Chad y Camerún.

La diligencia recoge las identidades de todos ellos en base a la respuesta que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ha dado al oficio que le trasladó para conocerlas y las de los 18 funcionarios que resultaron heridos durante “el salto más violento que recordamos”, según lo ha calificado el director general del Instituto Armado, Félix Azón.

Fuentes judiciales han explicado a Europa Press que el atestado, cuya redacción prescribe la Ley de Enjuiciamiento Criminal ante la comisión de cualquier posible delito, explica que la Guardia Civil está ahora revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad del doble vallado fronterizo para intentar identificar a los migrantes de origen subsahariano que, de acuerdo con la crónica oficial, arrojaron “excrementos con cal viva” y piedras o utilizaron palos y “aerosoles a modo de lanzallamas” contra los agentes, que además “recuperaron cócteles molotov y bolsas con hachís” en el lugar de los hechos.

La propia Benemérita ha advertido de que parte de los indocumentados llevaban el rostro cubierto con pasamontañas u otras prendas de ropa, lo que complicará la posible identificación de los autores de presuntos delitos de atentado a la autoridad u otros.

Según han augurado las citadas fuentes, el juez instructor reunirá en una sola causa este atestado con la querella que el pasado domingo por la tarde interpuso una abogada del Ilustre Colegio de Málaga con la intención de ejercer la acusación particular contra “los autores materiales del asalto a la valla fronteriza” por los delitos de atentado, lesiones y desórdenes públicos con agravante de “banda organizada”.

En su denuncia, en nombre de “quienes estamos legitimados para ello, la ciudadanía española”, ensalza a los guardias que intentaron repeler “un ataque masivo de enorme violencia sin más instrumentos que los cicateramente determinados por el Estado, sus propios cuerpos como escudo y su valor y su honor como principal divisa” y pide que contra los migrantes “más violentos” se dicte prisión incondicional y sin fianza. Además, señala a “las oenegés que defienden la inmigración ilegal” para asumir una hipotética responsabilidad civil subsidiaria o el pago de indemnizaciones.

El salto se saldó por parte de Cruz Roja con 22 guardias civiles y 132 migrantes que recibieron asistencia sanitaria. Veinte indocumentados y diez agentes fueron trasladados al Hospital, donde únicamente cinco extranjeros tuvieron que ser ingresados. Ninguno de los agentes de la Benemérita solicitó la baja médica.

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