La empresaria inglesa investigada por la presunta trama de las falsas intoxicaciones alimentarias ha afirmado este martes ante el juez que su empresa sólo se dedicaba a recopilar datos personales de turistas británicos, que después vendían a empresas de marketing de Reino Unido.

La mujer dirigió una discoteca entre 2014 y 2016, que cerró por pérdidas en agosto de 2016. Después creó una empresa de organización de eventos y no comenzó con la empresa de recopilación de datos hasta finales de 2016.

Según su versión, ejerció esta actividad unos ocho meses, hasta la primavera de 2017, porque “no se sacaba tanto dinero” y tiene menores a su cargo.

La investigada ha mantenido que esta empresa recogía datos de turistas como nombres y números de teléfono, pero se ha desvinculado de la supuesta trama de estafa insistiendo en que no recababan información relacionada con intoxicaciones alimentarias ni reclamaciones.

En esta línea, ha señalado que sus empleados no preguntaban nada a los turistas sobre problemas alimenticios y que les “da igual si reclaman o no”, porque sólo les pagan por dar los datos. También ha negado que recibieran ningún porcentaje por las reclamaciones.

Con todo, la empresaria ha indicado que una de las empresas con las que trabajaba es un bufete de abogados que pagaba 5.000 libras por cada 1.000 números de teléfono y nombres.

También ha admitido que una empresa de reclamaciones por vacaciones quería los datos de los turistas y que trabajó unos meses con ella. Sin embargo, a la investigada no le gustó la “forma de trabajar” de dicha sociedad y por eso no continuaron.

A preguntas de su defensa, la mujer ha dicho que “nunca” ha visto formularios de “enfermedades” que supuestamente se entregarían a los turistas para que después se gestionaran las reclamaciones desde Reino Unido. La empresaria también ha manifestado que se siente “injustamente tratada”.

Respecto a las pruebas halladas en los registros de la Guardia Civil, la investigada ha argumentado que la casa no es suya, que el dinero de la caja fuerte es de toda la familia y “todo el dinero está justificado”.

La mujer, una empresaria de Magaluf, ha comparecido en el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, donde se ha negado a contestar a las preguntas de las acusaciones.

Tras finalizar la comparecencia, el abogado de la empresaria ha recalcado que en las denuncias se sitúa el comienzo de la trama sobre 2013 o 2014 y que la mujer en esa época “regentaba una discoteca y no tenía nada que ver con esto”.

Después de esta declaración estaba previsto que comparecieran otros cinco investigados, ‘tiqueteros’ que presuntamente intervenían en la captación de clientes, pero sus declaraciones se han aplazado por un problema en las citaciones.

‘OPERACIÓN CLAIMS’

En septiembre de 2017 la Guardia Civil desarrolló una operación en Mallorca para desarticular un grupo organizado presuntamente responsable de una estafa millonaria a través reclamaciones por falsas intoxicaciones alimentarias en hoteles de la Isla.

Durante la operación fueron detenidas siete personas de nacionalidad británica –los presuntos cerebros del fraude– y se practicaron ocho registros en diferentes municipios de Mallorca. Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado decretó libertad provisional para cinco de los siete detenidos y ordenó retirar el pasaporte a la mujer considerada líder de la trama que ha declarado este martes.

Según las estimaciones de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), la cuantía de la estafa superaría los 50 millones de euros.

RECLAMACIONES POR FALSAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS EN MALLORCA

Los investigados están acusados de formar una organización dedicada a captar turistas británicos para que presentaran en su país de origen reclamaciones falsas por intoxicaciones alimentarias sufridas durante sus vacaciones en hoteles en Mallorca.

Según la Guardia Civil, los clientes eran captados en la calle por ‘tiqueteros’ en los alrededores de los complejos hoteleros. Presuntamente, los ‘tiqueteros’ les ofrecían gestionar las reclamaciones falsas y les indicaban lo que tenían que hacer cuando volvieran de sus vacaciones.

El problema surge de la modificación de la ley en Reino Unido en 2013 en cuanto al procedimiento de arbitraje de consumo, que excluía todas las reclamaciones por prestación de servicios realizados fuera de territorio británico.

De este modo, la legislación británica permitía presentar estas reclamaciones a través del touroperador hasta tres años después y como prueba basta demostrar que se adquirió un medicamento contra dolencias estomacales, por ejemplo, sin necesidad de presentar justificante o pericial médica.

A continuación los touroperadores abonaban la indemnización al consumidor y después la descontaban al hotel. Este problema no sólo afecta a Baleares, sino que también se da en otras zonas de España como Canarias o Valencia.

NUEVO CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN BRITÁNICA

Con todo, los bufetes de abogados con sede en el Reino Unido no podrán facturar a partir de este lunes honorarios “excepcionalmente elevados” por demandas por enfermedad en destinos extranjeros con el fin de luchar contra las falsas intoxicaciones.

Así lo ha decidido el Ministerio de Justicia británico, según ha detallado en un comunicado este lunes la asociación de viajes ABTA, como medida para evitar las demandas por falsa enfermedad “que han costado a los hoteles españoles millones de euros en los últimos años”.

Desde la asociación han detallado que el número de personas que reclamaban por haber enfermado en vacaciones ha aumentado más de un 500 por ciento en los últimos tres años, mientras que el número de casos de enfermedad notificados en el lugar turístico permanece igual o es inferior.

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