La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional afirmó en la sentencia sobre la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), que condena al PP a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo, que ha quedado acreditado que la formación política contaba, al menos desde 1989, con una caja ‘b’, cuya existencia está siendo investigada por el Juzgado Central de Instrucción número 5.

La sentencia que se dio a conocer este jueves el tribunal relata que las empresas de Francisco Correa –condenado a 51 años y 11 meses de cárcel– y el PP tejieron un “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” a través de la manipulación de contratos públicos. En este sentido, los magistrados afirmaron que el partido político se “enriqueció ilícitamente en perjuicio de los intereses del Estado” y que algunas de las cantidades detraídas sirvieron directamente para pagar los gastos electorales del PP o para nutrir la “una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente”, en los conocidos como ‘Papeles de Bárcenas’.

La vista oral por los primeros años de actividades de la Gürtel se celebró entre octubre de 2016 y noviembre del año siguiente, fechas en las que a causa por la presunta contabilidad paralela de los ‘populares’. No obstante, el líder de la red corrupta, Francisco Correa, durante su declaración reveló datos “relevantes” al procedimiento que han llevado al tribunal a hacer una importante rebaja de los 125 años que interesaba para él la Fiscalía.

Correa constató ante el tribunal presidido por el magistrado Ángel Hurtado –quien emitió un voto particular discrepante con la condena al PP– que medió ante los ministerios de Fomento y Medio Ambiente para que algunas constructoras resultasen beneficiarias en adjudicaciones públicas a cambio de comisiones de “entre el dos y el tres por ciento” abonadas al extesorero ‘popular’ Luis Bárcenas.

CAJA ‘B’ DURANTE 18 AÑOS

Estas afirmaciones llevaron al juez instructor José de la Mata a reabrir la causa e investigar los apuntes manuscritos por Bárcenas sobre las aportaciones y entregas al partido y políticos, conocidos como los ‘Papeles de Bárcenas’. La parte relacionada con el pago en negro de las obras de la sede del partido en la calle Génova de Madrid quedó concluida.

La instrucción de los ‘Papeles de Bárcenas’ estaba cerrada desde marzo de 2015 cuando el entonces juez instructor Pablo Ruz, aseveró en un auto que el PP “se sirvió durante 18 años” –desde 1990 hasta al menos 2008– de varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entrada y salida de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal Cuentas.

Ruz concluyó que existen “indicios sólidos y fundados” para llevar a juicio a los extesoreros ‘populares’ Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta –exonerado de cualquier responsabilidad en el juicio de la primera época de Gürtel por demencia sobrevenida–, y al exgerente Cristóbal Páez por delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida. Además, consideró al partido político responsable civil subsidiario por las donaciones que recibió en 2008 y el pago en negro de 1.552.000 euros de las obras de su sede a la empresa Unifica.

Por otro lado, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que ha juzgado la primera época de la trama de corrupción Gürtel, no sólo destaca que parte de la fortuna que Bárcenas tiene en Suiza proviene de la apropiación indebida de la caja ‘b’ de los ‘populares’, sino que centra una parte de la resolución de más de 1.600 folios en la comparecencia como testigo del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, en este juicio y cuestiona la “credibilidad” del testimonio y cree que no es “verosímil” cuando negó pagos en B por parte del extesorero Luis Bárcenas.

OTROS TESTIGOS NEGARON LA EXISTENCIA DE LA CAJA ‘B’

Además, el tribunal destaca que algunos testigos reconocieron los cobros, pero que otros como Rajoy, Javier Arenas o Francisco Álvarez Cascos quitaron credibilidad a los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’ y negaron la existencia de una ‘caja b’ en el partido.

Sin embargo, los magistrados comparten el criterio de la Fiscalía, y es que si hubiesen reconocido estos cobros por su parte, “supondría reconocer la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública”. Esto, añaden, no serían objeto de delito, pero sí podrían “ser considerados por los testigos como merecedores de un reproche social”, al tiempo que también significaría “admitir la existencia de una ‘caja b’ en el seno de la formación política a la que pertenecen o han pertenecido”.

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