La Fiscalía Anticorrupción ha concluido este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana liderada entonces por Francisco Camps que la formación política generó una deuda “muy elevada” en relación a la organización de actos electorales en 2007 y 2008, que fueron contratados a la empresa de la trama Gürtel Orange Market, y que éstos fueron pagados con “dinero negro”.

La fiscal Myriam Segura, que ha estado dos horas exponiendo su informe de conclusiones finales, ha anunciado que Anticorrupción rebaja su petición de penas a los empresarios que confesaron haber sufragado irregularmente los actos electorales de los ‘populares’ valencianos y al líder de la Gürtel, Francisco Correa. También ha modificado la solicitud de condena para el ‘número dos’ de la red corrupta, Pablo Crespo; para el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez; para el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa y de forma más moderada para el resto de exresponsables del partido acusados en este juicio.

Durante su intervención, la representante del Ministerio Público ha hecho un resumen de las declaraciones de algunos testigos, como la de los trabajadores de Orange Market, proveedores de esta empresa, incluso la del jefe de Auditoría Interna del PP, Carlo Lucca, para concluir que el relato de hechos que manifiesta en su escrito de acusación ha quedado corroborado.

En este sentido, ha recalcado que en 2016 fueron los empresarios sentados en el banquillo los que reconocieron que pagaron facturas falsas remitidas por la sociedad de la Gürtel relacionadas con los servicios prestados al PP valenciano. La fiscal ha proseguido diciendo que otros acusados, como Correa, Crespo, ‘El Bigotes’ y Costa también han admitido estos mismos hechos y que no importa que el resto de procesados no lo hayan hecho porque con las testificales ha quedado comprobado.

“NO SON TRES PAPELITOS, ES UNA TRAMA”

Así, sobre las facturas falsas, Anticorrupción considera que “no son tres papelitos, es una trama”, pues “se ha construido ‘ad hoc’ un conjunto de facturas, que complementan los pagos en B y los pagos en A”. Al respecto, Myriam Segura ha insistido en que toda la actuación llevada a cabo por el PPCV y Orange Market “es una ocultación que no es baladí en absoluto” y que el “daño y el perjuicio ha existido”.

Es más, la fiscal ha afirmado que, aunque las cuentas del partido han sido analizadas por el Tribunal de Cuentas, no es “fácil de detectar” los errores porque las facturas no permiten “individualizar los conceptos, se hablaba de actos, no de servicios prestados”, por lo que ha dudado de que la propia trama Gürtel pudiese “llevar ahí” un control.

“Se generó una deuda muy elevada que se pagó con dinero negro y facturas a terceros”, ha añadido. Centrándose en la organización de las campañas electorales municipales y autonómicas celebradas en 2007, la fiscal Segura ha mencionado que los que fueran miembros del PP liderado por Camps distinguieron la organización de los actos según el tipo de proceso electoral.

No obstante, para el Ministerio Público durante el juicio ha quedado demostrado que no hay “ninguna diferencia, pues todo dependía de la dirección regional. Ha puesto como ejemplo el acto celebrado en Crevillente, que, según ha dicho, para los fiscales Myriam Segura y Carlos Alba sirve como ejemplo de las irregularidades: “Es un acto de casi 40.000 euros del cuál no hay ningún rastro”.

En este sentido, ha enfatizado que Costa declaró que él recibía “encargos” del entorno del expresidente valenciano, como del exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla, y que éstos elevaban el presupuesto inicial de los servicios contratados con Orange Market, incluso contemplando la posibilidad de “pagarlos en negro”.

EL GASTO DEL PP “CASI SUPERA EL LÍMITE”

Asimismo, ha subrayado que, aunque desde la sede nacional del PP se marcan una directrices sobre el límite de gasto electoral, Comunidad Valenciana “casi supera el límite declarado”.

Por otro lado, la fiscal se ha detenido en la responsabilidad que ha podido tener Vicente Rambla –que se enfrenta a seis años y tres meses de prisión– en la presunta caja ‘b’ del PPCV y en los pagos a la trama Gürtel. Para ello, ha recordando algunos de los audios que se han escuchado durante el juicio en los que Álvaro Pérez, “interlocutor” de Orange Market con los ‘populares’, habla con dirigentes del partido sobre lo que Rambla le “debe”: “Sus propios compañeros del partido entiende que es parte del problema y parte de la solución”, ha dicho.

Así, sobre los delitos electorales que se les atribuye a la excúpula de Francisco Camps –Costa, Rambla, David Serra, Cristina Ibáñez y Yolanda García– la representante de Anticorrupción ha recalcado que, aunque el expresidente de la Comunidad Valenciana no se encuentre investigado por estos hechos, no se le puede eximir de responsabilidad.

“¿Si no se puede sancionar al autor principal, hay que sobreseer a todos? No lo entendemos así”, ha indicado. La Fiscalía Anticorrupción ya anunció el pasado mes de marzo tras la declaración de Ricardo Costa que será una vez que haya finalizado este juicio cuando decidirá si investiga a Francisco Camps por estos delitos, cuando estudie la prueba practicada.

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