El Defensor del Paciente ha informado este sábado de que la Fiscalía Jefe de Melilla ha procedido a la apertura de diligencias en el caso de la muerte de una mujer en el Hospital Comarcal de Melilla tras una cesárea la madrugada del sábado al domingo 8 de abril y las lesiones al bebé en forme de corte en la cara producido presuntamente con el bisturí que se usó durante la intervención.

La Dirección Territorial de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Melilla, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha asegurado en cambio que se cumplieron todos los protocolos con esta paciente, y que existió buena praxis por parte del personal sanitario que atendió a la mujer, si bien ha admitido que, como ocurre siempre que se produce un hecho de estas características, ha abierto una investigación interna para conocer más detalles de lo sucedido.

Según un comunicado del Defensor del Paciente que preside Carmen Flores, la organización se puso contacto con la fiscal jefe de Melilla, María Isabel Martín, para solicitarle una investigación de oficio “del desgraciado caso acontecido en el hospital Comarcal de Melilla con el resultado de la muerte de una mujer en una cesárea y con lesiones importantes en el bebé que permanece ingresado” en el momento de realizar la petición, aunque el bebé ya ha sido dado de alta.

“Solicitamos que se conozca las razones que han llevado a la situación, así como el personal que atendió a la parturienta y la calificación de estos”, ha apuntado la Defensora del Paciente, basando su solicitud en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que “nos obliga a los que, por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún presunto delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal”.

BUENA PRAXIS

La Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha defendido sin embargo que los facultativos que asistieron e intervinieron a la mujer fallecida en el Hospital Comarcal de Melilla tras practicársele una cesárea “cumplen con todos los requisitos legales para ejercer la especialidad en España”.

El organismo que dirige Francisco Robles (PP) se pronunció así después de que la familia de la mujer fallecida el pasado 8 de abril hubiera interpuesto una denuncia en los juzgados al considerar que se ha podido producir una “mala praxis” y una supuesta “negligencia” que podrían derivar en un “homicidio imprudente”.

Asimismo, han puesto en duda que el ginecólogo que la atendió dispusiera del título homologado en España porque, además del fallecimiento de la gestante, el bebé que nació con vida presentaba un corte en la cara producido, al parecer, con el bisturí que empleó el médico durante la intervención quirúrgica.

En este sentido, la dirección del Ingesa ha querido mostrar “su apoyo a los profesionales del Hospital Comarcal y, en especial, a los que trabajan en el Servicio de Ginecología y Obstetricia, así como a los de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), por el trabajo que realizan día a día”.

La entidad que preside Robles ha querido asimismo “reiterar sus condolencias a la familia”, e informa de que “se han dado instrucciones a los servicios de la Inspección Sanitaria para que abra una información previa complementaria a los protocolos establecidos en el Hospital Comarcal para hechos de este tipo”.

Por último, la Dirección Territorial ha comunicado que se reunió la Comisión de Mortalidad del Hospital Comarcal de Melilla “para estudiar los detalles del proceso asistencial que se realizó el pasado domingo”, si bien no ha dado a conocer el contenido de esta reunión.

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