El juicio contra los padres de Nadia, la niña diagnosticada de una enfermedad rara, la tricotiodistrofia, por un presunto delito de estafa con el que consiguieron 1,1 millones de euros pidiendo donativos para tratamientos de la pequeña, se celebrará en junio en la Audiencia de Lleida y durará tres días.

Una veintena de testigos declararán en la vista, ha avanzado a Europa Press el abogado Alberto Martín, letrado de la madre, Margalida Garau, que está en libertad con cargos.

Nadia vive con una tía materna en Binissalem (Islas Baleares) municipio al que se trasladó desde Figols, el pueblo de Lleida en el que vivía en diciembre de 2016, cuando el juzgado dictó prisión provisional para su padre y libertad con cargos para su madre, que perdió su custodia y solo puede verla los sábados y los domingos.

En su escrito de acusación presentado en diciembre, la Fiscalía pide seis años de cárcel para Margarita Garau y el padre, Fernando Blanco, por estafar a los donantes que aportaron dinero para tratamientos de la menor de la que decían que estaba en peligro de muerte y necesitaba operaciones en Estados Unidos a sabiendas de que era falso.

La Fiscalía sostiene que lograron 1.111.317 euros de los que destinaron a tratamientos médicos 2.707 y que “con ánimo de obtener un lucro patrimonial ilícito”, cuando la niña tenía cinco años, en 2009, crearon la Asociación para la Tricotiodistrofia en Baleares, con la excusa de recaudar fondos para el tratamiento de la enfermedad, siendo su verdadera intención destinar el dinero a su propio consumo.

Los padres vivieron en las Islas Baleares hasta 2013, a principios de ese año se trasladaron a Figols e inscribieron a la pequeña en un colegio de Organyà, en el que en una reunión de padres contaron que sufría una enfermedad grave y que necesitaba tratamientos muy costosos consiguiendo que vecinos de varias poblaciones iniciaran campañas de recaudación de fondos, con venta de lotería incluida.

El escrito del fiscal relata que cuando fueron detenidos, en noviembre de 2016, en las cuentas solo quedaban 300.000 euros y aseguraba que en el estudio de las cuentas se han podido identificar a 5.574 donantes que efectuaron sus donaciones mediante transferencias bancarias y que no se han podido identificar a 1.006 personas que hicieron ingresos en efectivo ni a los centenares de personas que participaron en las recaudaciones mediante huchas o subastas de objetos donados por terceras personas.

Tras su detención, en su domicilio y en los locales que tenían alquilados en Organyà, los Mossos d’Esquadra encontraron 2.180 euros en metálico, y parte de este dinero estaba en las huchas llenas de polvo que habían utilizado para recaudar dinero.

El fiscal recoge también que se localizó una colección de relojes valorada en 60.000 euros, teléfonos móviles, ordenadores, equipos e instrumentos informáticos, que se encontraban apilados junto con objetos de diversa índole que evidenciaban “un consumo de artículos de lujo innecesarios y en clara contradicción con la situación de necesidad económica en la que los acusados decían estar”.

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