Foto: Reuters

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga los hechos relacionados con el ‘procés’, Pablo Llarena, ha dictado orden de detención internacional y orden europea de detención (OED) contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, después de que esta no haya acudido a la citación judicial de este viernes y ha reactivado las órdenes europeas e internacionales de detención para el resto de huidos, entre los que se encuentra el expresidente catalán Carles Puigdemont.

El resto de afectados por esta medida son los exconsejeros que huyeron con Puigdemont a Bélgica –Antoni Comin, Clara Ponsati, Meritxel Serret y Lluís Puig–.

Las órdenes se han tramitado vía Interpol y Sirene y es este órgano administrativo el que las cursará a todos los países, han informado fuentes del Tribunal Supremo. Además, siguen vigentes las órdenes de detención nacional cursadas en su momento contra ellos.

La única investigada huida para la que no se ha adoptado esta orden de busca y captura es Anna Gabriel, que se ha escondido en Suiza, y la razón es que a la exdiputada de la CUP únicamente se le imputa un delito de desobediencia, muy lejano a la gravedad de la rebelión que se le imputa al resto.

Sin embargo, sigue pesando contra Gabriel orden nacional de detención por no haber comparecido cuando fue citada por el juez.

El juez que instruye la causa del ‘procés’ adopta esta medida tras haberlo solicitado la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el partido Vox en la vistilla celebrada esta mañana.

La número ‘dos’ de ERC estaba citada a las 10.30 horas junto con el excandidato a la Presidencia de Cataluña Jordi Turull, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, y los tres exconsejeros Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, para quienes el juez ha acordado su ingreso en prisión por riesgo de fuga y reiteración delictiva. No obstante, la dirigente independentista ha comunicado por carta su intención de no acudir y partir al “exilio”.

Llarena había desactivado las órdenes internacionales de busca de los huidos a Bélgica poco después de asumir la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, al considerar que existía riesgo de que fueran extraditados por delitos mucho menores.

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