La precariedad laboral es un tema candente en nuestra sociedad y son numerosos los casos en que Inspección de Trabajo ha detectado graves irregularidades, especialmente en el sector de hostelería.

Crónica Balear ha conocido el caso de Laura, quien comenzó a trabajar en el restaurante La Tagliatella de Coll d’en Rabassa en junio del pasado año pero que no logró que le hicieran contrato hasta noviembre y, a partir de entonces, dejaron de pagarle.

Su periplo comenzó el 23 de junio de 2017.

“Ese día”, nos explica, “me dijeron que estaba a prueba de tal forma que si les gustaba como trabajaba hablaríamos de un contrato al finalizar la jornada”.

Al acabar, sin embargo, le dieron un poco de dinero en mano y le dijeron que en todo caso “ya le dirían cosas” si bien es cierto que transcurridos unos pocos días se pusieron en contacto con ella para comunicarle que el empleo era suyo.

Tenía el empleo pero no el contrato firmado y no recibió tampoco el mensaje de haber sido dada de alta en la Seguridad Social.

Según ella, si aguantó así unos meses “fue porque necesitaba el dinero y porque sabía que un compañero había ido a Inspección de Trabajo a denunciar lo que estaban haciendo con los trabajadores y que pronto habría una inspección”.

Además, Laura cuenta que durante ese periodo tuvo que soportar situaciones que solo cabe considerar de injustas: “durante el tiempo que trabajé sin contrato me decían que yo no tenía derecho a propinas por lo que tuve que ver cómo en mis mesas las dejaban pero se las repartían entre los encargados y los trabajadores con contrato”.

A principios de noviembre llegó la esperada inspección y Laura asegura que la empresa quiso ocultarla “dentro de la cámara de congelación para que no me vieran las inspectoras. Yo estaba trabajando en la barra y no me percaté de lo que estaba pasando. Se me acercaron dos señoras con una carpeta y comenzaron a hacerme preguntas sobre mi contrato y horario pero no pude llegar a contestar porque lo hizo el encargado que tenía a mi lado y que no me dejó abrir la boca para que no me fuera de la lengua”.

Pero la inspección logró el efecto deseado: llamaron al gestor para darle de alta y a los tres días se produjo la ansiada firma del contrato y llegó el SMS de la Seguridad Social anunciando que estaba dada de alta.

El contrato no supuso el fin de su calvario

A finales de ese mismo mes de noviembre Laura encontró el local cerrado y tras esperar media hora en la puerta “pasando frío y tras haber preguntado qué ocurría sin obtener respuesta alguna, me llaman y me dicen que ese día no abren por un supuesto problema con el camión que transportaba el género”.

Tras unas semanas esperando, e incluso yendo un día a limpiar al local, en diciembre la empresa citó a los trabajadores en el establecimiento para comunicarles que otras personas iban a hacerse cargo del restaurante: “Eso sí, nos prometieron que nos pagarían. Algo que aún no ha ocurrido” matiza la mujer.

Ante el cariz que tomaban los hechos, Laura y sus compañeros pusieron en conocimiento del Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares (TAMIB) su situación y merced a ello se reunieron con representantes de la empresa quienes se comprometieron a abonarles los sueldos pendientes pero, una vez más, fueron dándoles largas constantemente.

Ya en febrero, de nuevo citaron a los empleados pero fue para entregarles los papeles del despido, la indemnización y la nómina -que prometieron abonar en un mes- aunque Laura no firmó por recomendación de su abogado mientras que otros compañeros hicieron saber que denunciarían lo ocurrido.

“Hay trabajadores que están enfermando” dice Laura “con problemas de ansiedad, de depresión y aun así siguen sin solucionar las cosas y dándonos esperanzas de que se va a cobrar un día determinado para luego, llegado ese día, no pagarles”.

El administrador no cree que un trabajador estuviera sin contrato durante tanto tiempo

Por su parte, el administrador de la empresa –quien se considera también víctima al no haber cobrado- ha explicado a Crónica Balear que el negocio “no ha funcionado“, por lo que tuvo que cerrar.

Según ha explicado a este diario, en estos momentos “se está negociando para traspasarlo a unos inversores pero hasta que la operación no esté cerrada no habrá liquidez” y promete que los sueldos se abonarán, como máximo, en el plazo de un mes.

Tampoco le consta que hubiera alguien trabajando sin contrato: “Un día que había mucho volumen de trabajo el director llamó a un conocido para que le apoyara. Ese mismo día se pasaron los datos a la gestoría para que le dieran de alta pero justo durante esa jornada acudió una inspección”.

Así, negó que alguien estuviera desde junio hasta noviembre en el restaurante sin ser dado de alta en la Seguridad Social.

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