Foto: Europa Press

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no descarta que la Administración de la Generalitat de Cataluña haya engañado al Gobierno e incluso a la Interventora General de la Generalitat sobre cómo se financió el referéndum ilegal del 1 de octubre. El titular de Hacienda no excluye la posibilidad de que se hayan cargado facturas falsas al FLA o de que se haya producido una financiación pública vía terceros, pero señala que la Interventora General de la Generalitat ha certificado “semana a semana” que no se destinó dinero público para tal fin.

Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona sí cree que ha podido haber malversación de fondos públicos para celebrar el citado referéndum ilegal, motivo por el que ha aceptado la personación en la causa de la Abogacía General del Estado y ha rechazado el recurso del hombre de Junqueras y autor de la agenda del ‘procés’, Josep María Jové, quien se oponía a que el Estado estuviera personado.

En su auto, el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer apuntaba a que podía haberse producido desvío de fondos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para financiar el ‘procés’. Este fondo se destina básicamente a dos cosas: financiar los vencimientos de deuda de las comunidades autónomas y pagar directamente a los proveedores de éstas, que cargan las facturas a un mecanismo electrónico puesto en marcha por Hacienda para que las abone el ICO.

Sin embargo, en la intervención de hoy del presidente del Gobierno en el pleno de control del Congreso de los Diputados, Mariano Rajoy ha rechazado que se haya destinado ni un euro del FLA para financiar el 1 de octubre.

El ministro de Hacienda, en conversación informal con los periodistas, ha justificado la afirmación del presidente porque la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, ha certificado “semana a semana” que el Gobierno catalán no había gastado dinero público en el referéndum ilegal, es decir, que no había facturas concretas para ese fin. Rosa Vidal habría respondido así a la petición que le realizó el Secretario de Estado de Hacienda el pasado 15 de enero, a requerimiento del juez Ramírez Sunyer.

Pero Cristóbal Montoro no descarta que la administración de la Generalitat haya podido engañar tanto a la Interventora como al Gobierno en el modo en el que se pagó el 1 de octubre. En este sentido, ha explicado que no excluye que se hayan podido cargar facturas falsas al FLA, justificando que eran para otro fin, o que se haya producido una financiación pública a través de otras personas. Algo que, en cualquier caso, requeriría la cooperación de un tercero.

De hecho, recuerda que el criterio del juez que lleva el caso en Barcelona y el de la Fiscalía es que se ha podido producir el delito de malversación de fondos públicos. Motivo éste por el que se ha personado la Abogacía del Estado, que ahora podrá tener acceso a todos los datos del sumario y pedir la práctica de diligencias para defender los intereses del Estado.

En este sentido, el ministro no descarta que las actuaciones de la Abogacía puedan dar lugar a comprobaciones administrativas de las facturas que ha emitido la Generalitat, aunque en este momento no se están realizando.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.