El Parlamento de Indonesia está elaborando una propuesta de ley para revisar el Código Penal e incluir la prohibición de todo sexo, incluso consentido, fuera del matrimonio. Esto ha disparado todas las alarmas de los activistas, que defienden que esta medida violaría los derechos básicos de la población y que podría ser utilizada para perseguir a la comunidad LGTB.

El Parlamento lleva debatiendo años sobre qué revisiones se podrían hacer del Código Penal (que está vigente desde la época colonial holandesa) sobre todo en lo concerniente a la corrupción, al sexo y al alcohol. Tras muchos aplazamientos, se espera que la comisión encargada finalice sus propuestas de revisión en las próximas semanas. Un borrador al que ha tenido acceso Reuters el lunes incluye medidas para criminalizar el sexo fuera del matrimonio, las relaciones del mismo sexo y el hecho de que dos personas no casadas vivan juntas, cosas que antes no estaban reguladas por ley.

El mes pasado, el Tribunal Constitucional aprobó con un margen pequeño la retirada de una petición similar de la Family Love Alliance, un grupo que se vincula a los cristianos evangélicos de Estados Unidos y que está ayudando a que el proyecto sea aprobado por el Parlamento. “La verdad es que la mayoría de las religiones de Indonesia defienden los mismos valores… así que (las revisiones del Código Penal) son representativas de la mayoría de ellas y de todas las culturas de Indonesia”, ha defendido Euis Sunartu, miembro de Family Love Alliance.

La Comisión del Parlamento ha estado manteniendo reuniones con miembros destacados de la sociedad, tomando nota de la opinión que tienen académicos religiosos, expertos legales y grupos de Derechos Humanos sobre la posible revisión del Código Penal en lo que concierne al sexo fuera del matrimonio. En Indonesia, el adulterio está considerado un delito. El país es el segundo a nivel mundial con mayor número de musulmanes.

Las críticas de los grupos a favor de los Derechos Humanos han advertido de que las propuestas podrían obstaculizar el desarrollo social y que, si son aprobadas, no se van a poder implementar a menos que se viole la privacidad de los ciudadanos.

“El proyecto de ley creará nuevas ofensas criminales que no existen ahora. Si los organismos de seguridad están ocupados vigilando la moralidad, esto ralentizará los esfuerzos de Indonesia para desarrollar su economía, su sociedad, su educación, etc.”, ha declarado un investigador de HRW en Indonesia, Andreas Harsono. “Parece la ley de la sharía de Aceh”, ha añadido Harsono, refiriéndose a una provincia ultraconservadora situada en el norte de la isla de Sumatra, la única en Indonesia que implementa la ley islámica.

Los activistas están especialmente preocupados de que esta nueva ley se use para perseguir a la comunidad LGTB, que se ha tenido que enfrentar a una creciente hostilidad en la zona en los últimos años. Una encuesta reciente muestra que casi el 90 por ciento de los indonesios que entienden el término LGTB se sienten “amenazados” por la comunidad y creen que su religión prohíbe las relaciones del mismo sexo.

Hay muy pocos políticos indonesios que hayan expresado públicamente su apoyo a los derechos LGTB por miedo a perder el apoyo de la base de votantes conservadora ante las elecciones presidenciales del 2019. Junimart Girsang, diputado del Partido Indonesiano Democrático por la Lucha (PDIP), ha manifestado que las relaciones del mismo sexo no pueden ser aceptadas en el país. “En términos legales, religiosos y éticos, no podemos tener eso en Indonesia”, ha declarado.

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