Som Sindicalistes Balears ha denunciado la situación de precariedad laboral en que se encuentran los empleados de las empresas subcontratadas por el IME (Institut Municipal de l’Esport) del Ayuntamiento de Palma (Ferrovial, Esports 85, Lireba, Emergencias 7000) por la falta de control del organismo municipal.

En el caso de recepciones y mantenimiento de las piscinas municipales y pabellones, se dan unas “condiciones laborales discriminatorias” respecto a las del resto del personal del IME que realizan las mismas funciones. Esto afecta a salarios, días libres, libertad sindical, ayudas, o estabilidad laboral. “Estos trabajadores están sujetos a convenios colectivos sectoriales y no al propio del IME, cuyas condiciones laborales son mucho más favorables”, explica el sindicato.

Además, los sindicalistas denuncian que “debido a la estructura de estas empresas la libertad sindical no queda asegurada, siendo casi imposible constituir Comités de Empresa”.

“Los pliegos de condiciones del concurso de Recepciones, actualmente en periodo de licitación, de las piscinas municipales no cumplen con la ‘Instrucció de l’Ajuntament de Palma per una contratació pública amb responsabilitat social, medambiental i lingüística’, tal y como se presentó a los medios por parte de los responsables municipales a finales de octubre y en vigor desde 2016”, añaden. Esto significa que la puntuación que se aplica a las cláusulas sociales no se ajusta al mínimo que exige la instrucción. Por tanto, no garantizan un mínimo en las condiciones de los trabajadores. “Esto, junto con la falta de control y dejadez del IME, fomenta una continuidad de la precariedad actual”, sostienen desde Som Sindicalistes Balears.

Por otra parte, se quejan de que se está permitiendo por la ambigüedad de estos pliegos que haya una “privatización encubierta de algunos servicios administrativos que hasta ahora eran realizados por personal del IME y que se pretende traspasar al personal subcontratado, con categoría profesional inferior a la requerida para las funciones administrativas” pertinentes.

“Es nuestro deseo que la opinión pública conozca de primera mano nuestra situación laboral, que consideramos claramente injusta y discriminatoria“, sentencian.

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