Foto: Job Vermeulen

Los miembros del Gobierno presidido por Carles Puigdemont, junto con los miembros de la Mesa del Parlament, han estado durante los dos últimos años instigando en la sociedad catalana un “sentimiento de rechazo” hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado que justificaran la “desobediencia hacia las órdenes emanadas de ellos y que permitieran, cuando fuera necesario, su movilización para respaldar la consecución de los fines independentistas”.

Así lo considera la Fiscalía General del Estado en las dos querellas que ha presentado ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo contra Puigdemont y los 13 consejeros de su Gobierno y contra los seis miembros de la Mesa del Parlament por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Las dos querellas del Ministerio Público hacen un extenso y pormenorizado análisis de los hechos acaecidos desde el 9 de noviembre de 2015, cuando se aprobó en el Parlament la primera resolución abriendo el denominado ‘procès’ hacia la independencia, hasta la votación de la declaración unilateral y el cese del Govern por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

MÁS DE CIEN PÁGINAS DE RELATO DE LOS HECHOS

En ese relato de hechos, de más de un centenar de páginas, la Fiscalía afirma que a pesar de los “claros pronunciamientos” que ha ido haciendo a lo largo de los dos últimos años el Tribunal Constitucional, “el Govern de la Generalitat continuó impulsando las medidas necesarias para la creación de un Estado catalán independiente en forma de república”.

Para ello, explica, se ha valido del “poder que les otorgaba tener la mayoría absoluta de diputados en la Cámara, integrados en los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP, y reforzado por el apoyo de asociaciones independentistas a las que pertenecen un gran número de esos mismos diputados y miembros del Govern, a saber, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural”.

Así pues, y según el Ministerio Público, “mientras que los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del proceso de desconexión, la actuación a través de los movimientos populares iba encaminada a crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado que justificaran la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos y que permitieran, cuando fuera necesario, su movilización para respaldar la consecución de los fines independentistas”.

De forma paralela al proceso legislativo, el fiscal indica que los querellados “promovieron actos, manifestaciones y proclamas abonando en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación de Cataluña sobre el cual quedaba legitimada cualquier actuación del Govern y del Parlament al margen de las leyes y en contra de la Constitución”.

MUCHOS CONSEJEROS Y DIPUTADOS SON DE LA ANC Y ÒMNIUM

Con esto, prosiguen las querellas, hicieron “nacer en la sociedad la creencia de la legitimidad de las actuaciones en contra del poder constituido para defender ese inexistente e inconstitucional derecho de autodeterminación”. “Debe tenerse en cuenta que gran número de consejeros del Govern y diputados independentistas, son asociados” de ANC y Òmnium Cultural, destaca.

“Desde las instituciones catalanas dominadas por los grupos parlamentarios independentistas, y específicamente por los querellados, se continuó inculcando en la población la idea del voto como un derecho fundamental ilimitado por encima de la Constitución española, de las leyes y de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, asumiendo los grupos de ciudadanos independentistas el discurso de apoyo a las normas emanadas del Parlament, aunque fueran suspendidas o declaradas nulas por el Tribunal Constitucional, como única normativa para ellos vinculante y que podían imponer con la fuerza que representa la multitud movilizada”, remarca.

Todo ello a pesar de que los querellados, tanto los miembros del Govern como los de la Mesa del Parlament, eran “conocedores de la radical falta de competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña para convocar un referéndum”.

SÓLO PARTICIPARÍAN LOS PARTIDARIOS DE LA INDEPENDENCIA

Pero es que además, la Fiscalía subraya que “sabían que en un eventual referéndum ilegal sólo participarían, mayoritariamente, los ciudadanos partidarios de la independencia de Cataluña”, por lo que cree que “si lo conseguían llevar a cabo, el resultado sería inexorablemente, en virtud del carácter vinculante del referéndum, la proclamación de la independencia de Cataluña, prescindiendo de la voluntad del conjunto del cuerpo electoral”.

En el relato de los hechos que hace el Ministerio Público también incluye la utilización que hicieron los querellados del Govern del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, ya que “se evidencia que la estrategia de la Generalitat basada en la movilización de la sociedad parte de una actuación por parte de los Mossos comprometida con la línea de actuación”.

“La declaración de independencia impulsada por los querellados lleva ontológicamente anudada la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos d’Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto intimidatorio que los mismos representan para quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución Española en Cataluña”, explica el fiscal.

O, más explícitamente, el Ministerio Público afirma que “la declaración de independencia y la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos d’Esquadra supone implícitamente la potencial utilización de dicha fuerza armada contra quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución Española en Cataluña”.

Más de un centenar de páginas después y de relatar con toda clase de detalles el denominado ‘procès’ con las políticas desarrolladas por los querellados, la Fiscalía concluye que desde el 9 de noviembre de 2015 hasta el 27 de octubre de 2017 consiguieron “su objetivo secesionista obtenido por la fuerza de los hechos consumados y por la imposición violenta frente a las resoluciones de las autoridades judiciales y las fuerzas del orden público, y en contra de la Constitución y de los fundamentos del Estado español”.

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