Foto: Reuters

El Gobierno de Bangladesh ha anunciado este martes que ampliará el acuerdo que actualmente protege a los trabajadores de las fábricas textiles y que lo incluirá en la regulación nacional con controles de seguridad más severos, según ha informado la organización sindical Uni Global Union.

Este anuncio se ha producido durante el velatorio por las víctimas del Rana Plaza, uno de los peores accidentes que se ha producido en una fábrica textil y que tuvo lugar en 2013, cuando más de 1.000 personas murieron por el derrumbamiento de una fábrica. Las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios siempre han sido una preocupación en la industria textil de Bangladesh.

Este acuerdo, legalmente vinculante, se ha establecido entre las firmas internacionales y los sindicatos para desarrollar un programa que garantice la seguridad de los profesionales del sector. Esta industria produce unos beneficios anuales de 28.000 millones de dólares.

Según ha podido saber Thomson Reuters Foundation, en principio, este acuerdo estaría en vigor hasta mayo de 2018, aunque el Gobierno ya ha adelantado su intención de ampliarlo hasta que esté lista una regulación nacional que contemple la protección de los trabajadores.

La secretaria general de Uni Global Union, Christy Hoffman, ha declarado este martes que uno de los objetivos de este acuerdo siempre ha sido alcanzar “una transición” hacia una regulación más “creíble” por parte del Gobierno bangladeshí.

Hoffman ha subrayado que, en sus conversaciones con el Gobierno, éste ha reconocido la importancia de contar con “una industria textil segura”, al tiempo que se ha comprometido a seguir trabajando con las autoridades para “ayudar a intensificar” la capacidad de la industria.

Este nuevo acuerdo aprobado el 19 de octubre ha sido firmado por las marcas textiles, los sindicatos, la Asociación de Fabricantes Textiles y Exportadores de Bangladesh, así como a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Gobierno.

La aplicación de este acuerdo ha permitido identificar más de 118.000 fallos en materia de incendios, electricidad e infraestructuras en al menos 1.800 fábricas que proporcionan sus servicios a unas 200 marcas. La obligación de inspeccionar las salas de calderas se incluirá en la nueva regulación debido a la preocupación que existe desde el incidente que este verano acabo con la vida de diez trabajadores.

Hoffman ha recalcado que están estudiando cómo financiar estas inspecciones, las labores de restauración y a los expertos técnicos que se necesitan. Otro de los objetivos de este programa será la creación de comités de seguridad dentro de las fábricas que se regirán legalmente para asegurar una mejor gestión de las medidas de seguridad.

A principios de este mes, varios sindicatos recibieron denuncias contra dos marcas textiles a las que se acusa de haber violado el acuerdo. Estos dos casos serán los primeros en ser juzgados por la Corte Permanente de Arbitraje, en La Haya.

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