La Guardia Civi ha desarticulado una organización delictiva que habría diseñado y puesto en marcha un sistema de defraudación de impuestos. Concretamente, se centraban en el fraude del Impuesto de Transmisión Patrimonial (ITP) en la compraventa de vehículos usados en Mallorca. En un total, han detenido a seis personas por delitos de falsedad documental, estafa, usurpación del estado civil y organización criminal. Simularon a través de sociedades, de forma coordinada y a lo largo de cuatro años, las compras y ventas de más de 4.700 vehículos. Tras esta operación en colaboración con la Agencia Tributaria de Baleares, descubrieron que la banda había obtenido un beneficio de más de 400.000 euros.

La operación Morabatí se inició a finales de diciembre de 2016. Los investigadores comprobaron que distintos vehículos usados figuraban en las bases policiales como “baja temporal entrega a compraventa” por un periodo de un día, cuando estos vehículos habrían sido adquiridos entre particulares. Durante la misma, comprobaron como la misma persona -identificada como F.J.G.- figuraba como “antiguo poseedor” de más de 4.700 vehículos desde el año 2014, y que la mayoría de las transferencias de estos vehículos habían sido realizadas a través de una gestoría ubicada en Palma.

Así, los investigadores se pusieron en contacto con la Agencia Tributaria y abrieron una vía de investigación administrativa totalmente distinta de la penal ya iniciada. Hay que destacar la diferencia entre ambas vías, dado que este fraude nunca pudiera constituir un ilícito penal debido a la pluralidad de contribuyentes y que las cantidades defraudadas por cada uno en ningún caso superarían los 120.000 euros, límite para el ilícito penal de fraude a la hacienda autonómica. La Guardia Civil ha participado prestando seguridad y apoyo operativo durante el registro administrativo realizado a la gestoría investigada, el 18 de julio de 2017, así como a la localización y recogida de manifestación de personas para la ATIB.

Tras el análisis de la información incautada en la operación, la ATIB ha calculado que la cantidad económica que la trama delictiva habría evitado ingresar a las arcas del Govern sería de 1.150.000 euros. En total, eludieron el impuesto en 4.700 operaciones de compraventa de vehículos de segunda mano.

Tras recopilar las diferentes pruebas documentales y las declaraciones de más de 50 perjudicados, los investigadores concluyeron que esta organización emplazaría a F.J.G., como persona dedicada a la compra venta de vehículos, para que simulara la compra del vehículo al vendedor original, y la venta al comprador final, amparándose en la exención caucional para no pagar el ITP en la compra. Para su consecución, la organización habría simulado los contratos de compra venta entre particulares, los diferentes modelos de la ATIB y de la DGT y las supuestas facturas de venta de los vehículos a los compradores finales. Estas facturas eran siempre de un valor de 10 euros mayor que el que figura en el contrato simulado de compra venta, lo cual no supone un beneficio “normal” para este tipo de empresarios.

Para demostrar una falsa sensación de seguridad ante los perjudicados, la organización empleaba una gestoría. A través de alguno de sus trabajadores, se encargaban de la captación de clientes. Les daban las explicaciones de los documentos y trámites para su realización. Después, realizaban todos los trámites necesarios para el cambio de titularidad de los vehículos, incluida la presentación de documentación simulada con conocimiento de esta falsedad.

De este modo, los compradores finales depositaban su confianza en la gestoría. Sus precios más económicos era lo que les resultaba más atractivo. Estos pensaban que se realizaban todos los trámites necesarios para el cambio de titularidad.

Tras la realización de un registro en el domicilio de uno de los cabecillas de la organización, asentado en Llucmajor, se intervino diversa documentación y material informático que está siendo analizado y se procedió a la detención de los implicados.

Como resultado de la investigación se han detectado a más de 9.000 perjudicados entre compradores y vendedores de los vehículos. Asimismo, se ha detectado un fraude a la Seguridad Social, ya que uno de los cabecillas tenía gente trabajando sin estar dado de alta, e incluso alguno sin desarrollar actividad laboral alguna declarada. Cobraban sueldos de más de 2.500 euros mensuales. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

Ahora, toda aquella persona que crea que ha sido perjudicada por esta organización, puede acudir a cualquier dependencia de la Guardia Civil para interponer una denuncia. Eso sí, hay que llevar toda la documentación que se disponga sobre lo ocurrido.

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