El ex director general de Deportes, José Luis ‘Pepote’ Ballester, ha asegurado este lunes que fue el ex presidente del Govern, Jaume Matas, quien «dio la instrucción» de contratar al arquitecto Ralph Schürmann para llevar a cabo las obras para construir el velódromo Palma Arena.

Ballester se ha expresado así, en respuesta a las preguntas de la abogada de la Comunidad, María Ángeles Berrocal, durante su declaración en el juicio por la contratación presuntamente irregular de los arquitectos del velódromo dentro de las piezas 8 y 9 de la macrocausa del Palma Arena.

Así, también ha dicho que lo que ocurrió es que los hermanos García-Ruíz, que tenían una colaboración burocrática con Schürmann, fueron a Matas a decirle que este no estaba cumpliendo los plazos y después de esto se les contrató por nueve millones de euros. Con esto, a la pregunta de si la orden de contratar a los hermanos García-Ruíz vino de Matas, Ballester ha dicho: «Estoy convencido de que sí».

Según ha resumido Berrocal y ha confirmado Ballester, se llegó a un punto de que se tenía «a un arquitecto alemán no colegiado, un solar con implicaciones políticas y la fecha del mundial que se acercaba». A pesar de esto, Ballester ha aseverado que nadie se planteó dejar de construir el velódromo porque las instrucciones eran «cumplir con la fecha del mundial».

Respecto a que fuera la fundación Illesport la que gestionara la creación del Palma Arena, ha señalado que entiende que la «decisión» fue de Matas. «El único que me trasladó esto fue el señor Matas», ha dicho.

Por otro lado, Ballester, que tiene un atenuante por colaboración con la justicia, ha dicho que no cree que cuando se empezó a usar el Palma Arena, «tuviera las licencias».

En otro sentido, ha señalado que «ahora» es consciente de que algunas cosas -la contratación a dedo de los arquitectos- no se hicieron bien y que por esto quiere «colaborar» para esclarecerlas.

A Ballester se le imputan los mismos delitos que a Matas -prevaricación, fraude y falsedad documental- aunque la pena pedida por el Ministerio Fiscal es menor. Así, Matas se enfrenta a un total de cuatro años de cárcel y Ballester a una pena de seis meses (sustituible por una multa de 1.000 euros).

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