El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, comparecerá este jueves ante el Parlamento para presentar el ‘Informe de fiscalización de la contratación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria’, en el que se denuncia que dicho organismo no justificó adecuada y suficientemente la necesidad de varios de los contratos que firmó entre 2013 y 2014, y tampoco explicó de forma clara cómo calculó los precios de licitación de otros expedientes de contratación aprobados en dichos ejercicios.

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Según el documento, que recoge Europa Press, en varios expedientes analizados se aprecia la existencia de “diversas incidencias” en la justificación de las necesidades que motivan la contratación, fundamentalmente porque la memoria explicativa de cada contrato no incluye la naturaleza y extensión de necesidades a cubrir y el contenido mínimo para realizarlo, tal y como exige la Ley de Contratación del Sector Público.

Como ejemplos, se cita el contrato de 7,72 millones de euros en 2013 para el servicio de información tributaria por vía telefónica, existente desde 1993 y que no cuenta con estadísticas sobre su eficiencia y eficacia ante el “notable y reiterado gasto” que ha comportado; o el servicio telefónico de cita previa, implantado desde 1992 con un coste de casi 2 millones de euros en 2014 pese a que la Agencia reconoce que el 80% de las citas se piden por Internet, que es un servicio gratuito.

Igualmente, se menciona el contrato, en 2013, de los servicios para realizar una subasta de relojes y joyas procedentes de un embargo, contrato licitado sin siquiera realizar un estudio comparativo de lo que costaría si fuera la propia Agencia la que se encargara de la subasta con personal propio.

Lo mismo sucede con el mantenimiento y conservación del departamento de Informática Tributaria, que periódicamente se contrata externamente por no contar la Agencia con personal propio suficiente, pero que no lleva al organismo público a ampliar su plantilla o, al menos, estudiar si realmente es más barato externalizar el servicio.

¿CÓMO SE DAN LOS PUNTOS?

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas recomienda a la AEAT un “mayor esfuerzo” de justificación de las necesidades e idoneidad del contrato, así como de otros aspectos de la contratación como el modo de asignar puntos cuando se trata de criterios subjetivos o cómo se aceptan o rechazan ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Y es que el organismo ha apreciado en algunos expedientes que la valoración de ofertas se “limitaba a la mera asignación de puntos, sin aportar motivación alguna del por qué cada una era merecedora” de una calificación u otra, incluso en los casos en los que esas puntuaciones fueron más determinantes que la oferta económica para decidir quién ganaba la licitación.

También se mencionan otras irregularidades en la contratación de la Agencia Tributaria durante esos años, tales como que no quedan “suficientemente identificadas y explicadas” las variables utilizadas para calcular el precio de licitación.

La principal salvedad a este reproche son los contratos de arrendamientos. Y es que en los cuatro contratos de renovación se realizaron estudios de mercado para ver si la renta solicitada era aceptable a la vista de los cambios en el sector, a resultas de los cuales el precio pactado fue “sensiblemente inferior” al precedente. Además, “en ningún caso se incluyeron pactos que situaran a la AEAT en una situación de desventaja”, valora el Tribunal.

Contratos troceados sin la suficiente justificación, “falta de concordancia” entre los criterios de valoración de las ofertas recogidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y el objeto del contrato según los pliegos de prescripciones técnicas, e incluso la valoración de exigencias básicas como si fueran mejoras adicionales son otras críticas del Tribunal de Cuentas, que también señala que “no consta” negociaciones o solicitudes de mejora de precio previsto en los contratos licitados por el procedimiento negociado.

FALTAS SIN CASTIGO.

Finalmente, el informe pone de manifiesto que en algunos supuestos el contratista incumplió el plazo de ejecución del contrato sin motivo justificado y que hasta en dos ocasiones se tuvieron que resolver los contratos por causas imputables al contratista.

Sin embargo, en ninguno de estos supuestos la Agencia Tributaria aplicó las penalidades o exigió las indemnizaciones por daños y perjuicios previstas en los pliegos de condiciones administrativas particulares.

Como ejemplos, el documento menciona los retrasos en las obras de la planta cuarta de la Delegación de Madrid y de adecuación de la Sala de Ordenadores de la capital.

Además, recuerda que el contrato de obras en la nueva administración de Vilanova i la Geltrú fue resuelto por un “incumplimiento culpable” del contratista, pero nunca se le exigió el pago de daños y perjuicios y únicamente se le requisó la fianza. Lo mismo sucedió en otros casos como las obras de adecuación del núcleo de comunicaciones de la Delegación de Málaga o la restauración de las fachadas de la Aduana Marítima de Alicante.

El organismo fiscalizador habla también de algunas incidencias en relación con la facturación, liquidación y pago de los contratos, al haber detectado contratos en los que se pagó más del precio de licitación sin que se informara de las razones del exceso. En el plazo de alegaciones, la Dirección Facultativa de las obras remitió al Tribunal la documentación sobre las unidades con exceso de medición.

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