El Boletín Oficial del Estado ha publicado este sábado el Real Decreto-ley aprobado este vienes por el Consejo de Ministros, que articula medidas urgentes de “protección de consumidores en materia de cláusulas suelo”.

La publicación de la norma implica que desde ahora están en vigor las medidas adoptadas por el Ejecutivo después de que la Justicia europea cancelara la validez de estas cláusulas hipotecarias, así como las condiciones para llevar a cabo las reclamaciones de devolución del importe pagado de más a los bancos.

La nueva norma contempla la posibilidad de iniciar acciones judiciales pero establece también un mecanismo extrajudicial para que bancos y consumidores puedan llegar a un acuerdo sin necesidad de iniciar una reclamación en los juzgados.

Además, da tres meses a los bancos para llegar a un acuerdo con el consumidor para resolver las reclamaciones. La vía judicial quedará abierta en el caso de que el cliente no quede satisfecho con la oferta de su banco, según ha explicado en rueda de prensa el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Este Real Decreto obliga a las entidades de crédito a poner en marcha en el plazo máximo de un mes a contar desde la entrada en vigor del decreto las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta vía extrajudicial. Además, los bancos deben garantizar que el sistema es conocido por todos los consumidores con cláusula suelo en sus contratos.

Una vez que el cliente dirige la reclamación a la entidad, esta deberá remitirle un cálculo de la cantidad a devolver incluyendo los intereses o, alternativamente, las razones por las que considera que la reclamación no procede.

Tras recibir la comunicación, el consumidor deberá decidir si está de acuerdo o no. Si lo está, la entidad realizará la devolución del efectivo en un plazo máximo de tres meses, aunque también cabe la posibilidad de que la entidad y el cliente acuerden otras medidas compensatorias alternativas, como la novación de las condiciones de la hipoteca.

En ese caso, la aceptación por parte del cliente será manuscrita, tras haber sido informado debidamente del valor económico de la medida alternativa.

 

El consumidor deberá tomar la iniciativa

Será el cliente el encargado de iniciarlo y de acudir a su entidad bancaria para plantear la reclamación. Fuentes del Ministerio de Economía han precisado que cualquier persona física que haya firmado un contrato con cláusula suelo –independientemente de si la hipoteca está cancelada o viva– podrá acogerse a este mecanismo siempre que se cumplan los requisitos jurídicos.

“Lo que se deduce es que tiene que haber proactividad por parte de la entidad”, han indicado las fuentes, que precisan que son los bancos quienes analizan las reclamaciones y determinan si han de prosperar o no.

En el caso de que la entidad la acepte, deberá remitir al cliente un cálculo con el dinero que podrá recibir en concepto de devolución por lo cobrado de más por las cláusulas suelo, momento en el que se iniciará el procedimiento y comenzará a correr el plazo de tres meses en el que el banco tendrá que abonar en efectivo lo cobrado de más o llegar a un acuerdo con el consumidor sobre otras medidas compensatorias.

También serán las entidades las que estudien si aceptan casos de hipotecados con los que ya hayan llegado a un acuerdo de modificación de las condiciones de la hipoteca tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2013 o los de aquellas personas que ya hayan pasado por los tribunales y hayan obtenido una resolución jurídica.

Si el banco cree que la reclamación del cliente no procede, deberá remitirle un documento en el que especifique cuáles son las razones por las que se rechaza su solicitud.

Posibilidad de acudir a la Justicia

Este procedimiento no anula la vía judicial. Así, en el caso de que el cliente acuda a los tribunales y obtenga una sentencia económicamente mejor que lo que le propone el banco, la entidad será condenada a pagar las costas, pero si el cliente no ha pasado por el procedimiento extrajudicial y en los juzgados el banco se allana, no tendrá que pagar costas.

“La finalidad de una norma como esta depende de la buena voluntad de las partes”, señalan fuentes de Economía, que recalcan que el texto es garantista con el consumidor.

El real decreto también incluye la creación de un órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas que no tendrá competencia sancionadora, tan solo velará por que la difusión que hagan las entidades del mecanismo sea la adecuada, especialmente en el caso de consumidores en situación de especial vulnerabilidad.

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