La Fiscalía Anticorrupción reclama seis años de cárcel y 3,7 millones de euros en multas para la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, a quien acusa de cobrar más de 400.000 euros en comisiones por auspiciar la recalificación del polígono palmesano de Son Oms y favorecer el incremento de la edificabilidad en la zona. Hasta el momento, la encausada ha negado tajante estos hechos.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Juan Carrau atribuye a la exdirigente histórica de Unió Mallorquina (UM) delitos de blanqueo de capitales, prevaricación y tráfico de influencias. Asimismo, pide cinco años de prisión y una multa de 2,5 millones para el también expresidente de la Cámara autonómica Maximilià Morales, quien el acusador sostiene que también participó en la trama.

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El Ministerio Público solicita, además, el comiso de 246.000 euros para cada uno de ellos, lo que supone una quinta parte de los 1,23 millones de euros percibidos de forma presuntamente ilegal de la recalificación. Mientras tanto, señala que no procede imponer pena alguna al exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, quien también intervino en los hechos pero ya fue juzgado por obtener 484.574 euros de forma ilícita.

Durante la instrucción de la causa, Munar, quien desde el 24 de julio de 2013 cumple dos condenas que suman once años y medio de prisión, negó haber cobrado la anterior dádiva por influir en la transformación de los terrenos próximos al aeropuerto de Palma de suelo rústico a urbano con aprovechamiento industrial.

La acusada, defendida por el penalista y magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, rebatía de este modo las acusaciones efectuadas por Vicens, quien manifestó que a raíz de la recalificación se hizo un reparto de cinco lotes en comisiones, de los que se beneficiaron tanto Munar como él, así como Morales, el abogado Jaime Montis -ya fallecido- y la viuda del letrado Francisco Truyols.

Tal y como postula el fiscal, Munar, Vicens y Morales se concertaron para poder disfrutar de los beneficios obtenidos de sus actividades delictivas y así poder introducir en el mercado sus ganancias ilícitas. Para ello, señala, “utilizaron sus influencias” para lograr la recalificación y, a cambio, exigieron a los propietarios de las diversas fincas de Son Oms que les cedieran de forma gratuita el 15 por ciento de sus inmuebles.

Los inculpados disfrazaron estos hechos simulando que los terrenos habían sido comprados a través de la sociedad Gestora de Desarrollo Son Oms, controlada por Montis y que aparentaba ser una empresa universonal. De este modo, la mercantil, transcurrido el tiempo y revalorizado su patrimonio, repartió los inmuebles y activos entre los tres acusados, que habían escondido de esta forma su participación.

Así, según el escrito de calificación, en febrero de 1999 el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Palma recalificó los terrenos y, en abril, los propietarios de las mayores fincas firmaron ante notario un contrato de compraventa por el que enajenaban el 15 por ciento de sus solares a favor de la Gestora.

MERCANTIL CONSTITUIDA PARA OCULTAR LA OPERACIÓN ILÍCITA

La acusación pública incide en que esta sociedad había sido constituida expresamente para recibir las tierras comprometidas, de modo que mediante esta empresa se ocultaba la procedencia y origen del activo patrimonial, que “en realidad obedecía o bien a la ilícita contraprestación por haber conseguido de la Administración una decisión urbanística o bien al producto del engaño en el que sumieron a los propietarios”.

El fiscal subraya que Munar “no fue ajena a esta operación”, en la que cooperó junto a Morales y Vicens. Así, subraya que a los dueños de las fincas se les hizo saber que ella participaba en el entramado de gestiones al tiempo que compartía despacho y dependencias con Morales.

Aunque se escrituraron compras por unos 85.000 euros, lo cierto, señala el Ministerio Público, es que no se pagó anda y el valor de los terrenos cedidos de forma gratuita se aproximaba a los 1,23 millones.

Ya en mayo de 2004 Vicens, como presidente de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, propuso personalmente proponer al pleno la adopción de un acuerdo que posibilitara un desmesurado incremento de las posibilidades edificatorias de los polígonos industriales y ampliara los usos de dichas parcelas. Los técnicos del Consell habían apuntado, sin embargo, a lo “ilegal e incorrecto” de estas modificaciones así como su “falta de utilidad pública”.

De este modo, la edificación del plan parcial de Son Oms pasó de 380.306 a 797.190 metros cuadrados, mientras que el valor de los solares de la Gestora -llegó a ser propietaria de diez fincas- se incrementó “en enorme medida y sin duda” por valor superior a los cinco millones de euros, tal y como recalca el fiscal.

MUNAR RECIBIÓ EL DINERO EN EFECTIVO METIDO EN UNA BOLSA

Montis distribuyó finalmente los beneficios obtenidos a los partícipes ocultos en su sociedad: a Munar y Vicens les retribuyó en efectivo y a Morales con lotes de terrenos. De este modo, al exconseller se le pagaron más de 480.000 euros, toda vez que Vicens, tras obtener el dinero de Montis, entregó en una bolsa más de 400.000 euros en efectivo a la expresidenta, quien a diferencia de Vicens, no quiso encubrir el pago mediante facturación ficticia.

La operación comenzó a ser investigada hace siete años, después de que el propietario de una de las fincas de Son Oms, Ángel Ochando, denunciara ante la Fiscalía que Vicens y Morales le exigieron el 15 por ciento por la recalificación.

Frente a todo ello, Munar defiende que no hay “ningún hecho objetivo” que acredite que intervino en la recalificación y que cobrara comisiones a cambio, motivo por el que el pasado mes de abril solicitó el archivo de su imputación en este caso.

OTRAS CAUSAS CON MUNAR COMO INVESTIGADA

Recientemente, la Audiencia Provincial de Baleares condenó a otros tres años de cárcel y al pago de seis millones de euros a la expresidenta del Consell y del Parlament por haber cobrado dos millones del soborno que la empresa Sacresa pagó a varios exaltos cargos de UM a cambio de la adjudicación de los terrenos palmesanos de Can Domenge. La dádiva ascendía a un total de cuatro millones.

Asimismo, el pasado mes de febrero Munar alcanzó por primera vez un pacto con la Fiscalía tras admitir, junto a otros miembros de la cúpula de UM, que permitió el desvío de 200.000 euros públicos -que ya fueron devueltos- mediante la contratación, con fondos del Consell, de una treintena de trabajadores que en realidad se dedicaban a realizar labores particulares y buscar votos a favor del partido.

Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma archivó en octubre la imputación de la exdirigente ‘uemita’ así como de otros 14 investigados por el presunto desvío de 60.000 euros públicos a favor de la formación regionalista y de Minser, una de las principales contratistas de la formación cuando Munar estaba al frente de la Institución supramunicipal.

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