La pieza 25 del Palma Arena acabó siendo el caso Infanta

FOTO: CATI CLADERA

Cuando en julio de 2010 el juez José Castro abrió la pieza 25 del caso Palma Arena por sospechas de corrupción de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos nada hacía presagiar que el proceso acabaría con la infanta Cristina acaparando el protagonismo en un juicio de seis meses que ha terminado hoy.

La presencia en el banquillo de la hermana del Rey Felipe, apartada de actividades oficiales y desposeída del título de duquesa de Palma que le concedió el Rey Juan Carlos, ha convertido a Nóos en uno de los juicios más destacados de la historia de España.

La transformación del caso Nóos en el caso Infanta, ya al final de la instrucción, no solo ha tenido su reflejo en la acreditación de casi 600 periodistas de 85 medios de comunicación, ni en la habilitación de una sala especial con un sistema de vídeo de última generación, ni en un exhaustivo despliegue policial con decenas de agentes, sino también en la propia dinámica judicial.

La oposición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a la imputación de Cristina de Borbón marcó el inicio de la vista, que comenzó un 11 de enero con la exposición de cuestiones previas, y la legitimación de Manos Limpias para sostener en solitario su acusación por colaboración en dos delitos fiscales ha sido objeto de debate hasta el último momento, cuando hoy su defensa ha pedido un castigo para el sindicato por obrar de mala fe para dañar su imagen.

Aunque el papel de la infanta en la presunta trama de corrupción encabezada por Urdangarin y su socio Diego Torres es mas bien marginal, su peso relativo en los interrogatorios de acusados y testigos y en las pruebas periciales y documentales ha sido sustancial, en particular para el fiscal Pedro Horrach y la abogada de Manos Limpias Virginia López Negrete.

Horrach se “enemistó” con el juez Castro en la fase de instrucción por sus diferencias sobre la exduquesa y por lo mismo ha cruzado gruesas acusaciones con López Negrete, a la que en medio del juicio le ha estallado el escándalo de la presunta extorsión planteada por su sindicato y Ausbanc a cambio de retirar la acusación, denuncia que investiga la Audiencia Nacional.

A diferencia de lo que ocurre con la infanta, en el caso de Ana María Tejeiro, la mujer de Diego Torres, Manos Limpias no está sola en la acusación porque el fiscal pide una condena de dos años por presunto blanqueo. El sindicato lo eleva a 19,5.

Ante las acusaciones contra sus respectivas esposas, Urdangarin y Torres han dejado a un lado las diferencias que les mantenían enfrentados desde 2008 y han adoptado en el juicio una clara estrategia conjunta.

La táctica de los exsocios para salvar a sus mujeres ha consistido en asumir toda la responsabilidad de las decisiones empresariales en sus sociedades, que además defienden como perfectamente legítimas.

Los tándem formados con sus abogados, Urdangarin-Mario Pascual Vives de un lado y Torres-Manuel González Peeters de otro, han mantenido esa posición durante los 163 días que ha durado el juicio, aunque haya sido desde estilos personales divergentes y hasta contradictorios: la discreción y la mesura de los primeros, frente a la profusión de datos e hipérbole sostenida de los segundos.

No se ha aclarado en la vista oral si ya traían la estrategia formulada o la acordaron como respuesta a lo que se les podía venir encima tras la retirada de la acusación a Miguel Tejeiro, asesor fiscal de ambos y cuñado de Torres, que pasó de acusado a testigo en los cinco primeros minutos del juicio, por “la importancia del testimonio que iba a prestar”, según López Negrete.

También otro Tejeiro, Marco Antonio, excontable de Nóos, ha gozado de la benevolencia de las acusaciones al pasar de cooperador a cómplice y ver rebajada la posible condena a una multa por confesar y colaborar para esclarecer lo ocurrido.

Han completado la bancada de los “arrepentidos” los cinco ex altos cargos del Govern balear, incluido el expresidente y ex ministro de Medio Ambiente Jaume Matas, considerados ahora colaboradores de la Justicia, que admitieron irregularidades para posibilitar y agilizar los acuerdos con Nóos.

La bancada de los ex altos cargos valencianos ha permanecido enrocada en su posición inicial para mantener al unísono que todo fue legal y ajustado a la normativa.

Quizá por mimetismo comparte la misma fila una madrileña, la ex consejera delegada de la candidatura Madrid 2016 Mercedes Coghen, la única acusada por los 144.000 euros que cobró la Fundación Deporte Cultura e Integración Social (Fdcis) y de los que Urdangarin sostiene no haber visto un euro.

La campeona olímpica de hockey hierba dejó para la posteridad una de las frases del proceso y la descripción de Urdangarin sobre la que pivota todo el caso: “No se puede hacer un concurso para una persona que es única”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here