Treinta detenidos en una gran operación en centros de “minería” de bitcoin

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han intervenido una de las mayores cantidades de centros de minería Bitcoin localizados en Europa hasta la fecha. La intervención se ha desarrollado en el marco de una investigación contra un entramado dedicado a la distribución ilícita de contenidos de televisión de pago mediante Cardsharing e IPTV. Los arrestados disponían de un entramado empresarial a través del cual importaban los decodificadores (sin declararlos correctamente para eludir parcialmente el pago de aranceles e IVA), los distribuían, creaban el firmware que permitía acceder las señales de televisión condicionada y ponían este programa informático a disposición del usuario en foros y páginas web que ellos mismos controlaban. Los contenidos ilícitos se encontraban alojados en servidores distribuidos en diferentes localidades españolas y europeas. Se ha detenido a 30 personas en Córdoba, Málaga, Valencia, Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y Lugo; y se ha contado con la participación de Europol y Eurojust en la fase final de la operación policial.

Provocaron la quiebra de la empresa que denunció los hechos

La investigación comenzó con la denuncia de una empresa afectada por la clonación de sus decodificadores de televisión de pago por parte de otra mercantil. Las indagaciones realizadas permitieron acreditar que la distribución de los terminales falsificados se realizaba a través de páginas web registradas a nombre de testaferros y especializadas en la venta de este tipo de aparatos. Además lograron identificar a uno de los responsables de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, un empresario afincado en la Comunidad Valenciana, que dirigía un entramado mercantil propio dedicado a la comercialización de decodificadores de señal digital de televisión que, convenientemente manipulados, permitirían el acceso ilegal a contenidos. Asimismo se descubrieron las relaciones del investigado con diversas plataformas de Internet que facilitaban tutoriales para la instalación de este tipo de aparatos.

Posteriormente se identificó a otros miembros de la trama y se supo que este empresario pertenecía al segundo escalón de la organización. Al frente de la misma se encontrarían los responsables de una mercantil, ubicada en Barcelona y dedicada a la importación y venta de material eléctrico y electrónico para las telecomunicaciones en general. Esta empresa es una de las principales importadoras y fabricantes de decodificadores que, manipulados con un firmware compatible con el software instalado de fábrica, permitirían acceder a un servidor remoto desde el cual se emitían contenidos de plataformas de televisión de pago de manera gratuita.
Una vez identificados y localizados los responsables de la trama y tras analizar toda la información obtenida durante las pesquisas, se llevaron a cabo varios operativos en Córdoba, Málaga, Valencia, Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Lugo y Cádiz, donde se practicaron 38 registros y tres inspecciones, procediendo además a la detención de 30 personas implicadas en la trama -Córdoba(13), Málaga (4), Valencia (5), Barcelona (5), Madrid(1), Palma de Mallorca (1) y Lugo (1)-, de cuales 3 han ingresado en prisión.

Durante los registros los agentes se han incautado de seis centros de minería bitcoin, 48.800 decodificadores, 183.200 euros en efectivo, 78,3 bitcoins (con un valor de 31.320 euros), 10 vehículos de gama alta, 4 motocicletas, un vehículo de lujo falsificado, una avioneta, documentación bancaria y contable, y material informático.

Cardsharing e IPTV

Su forma de actuar evolucionó del sistema conocido como cardsharing hasta el IPTV. El primero consiste en el acceso a plataformas de televisión de pago de forma ilegal mediante una antena parabólica orientada a determinados satélites, un receptor manipulado y una conexión a internet. Los receptores eran importados desde China y facilitaban su manipulación poniendo a disposición de los usuarios en foros y páginas web especializadas un firmware –software que permite la visualización- que posibilitaba el acceso de forma gratuita a los contenidos alojados en servidores remotos manejados por la propia organización.

El IPTV, a través del producto comercializado bajo la denominación LINKTV, es un método más sencillo que requiere menor logística, ya que a través de una suscripción mensual, trimestral o anual, un terminal decodificador conectado a Internet permitía el acceso a más de 1.600 canales de televisión de diferentes países, para los cuales carecían de explotación de derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos emitidos y sobre la difusión de los mismos.

Blanqueo de capitales

La organización blanqueaba los importantes beneficios obtenidos a través de productos bancarios complejos, inversión en inmuebles y vehículos de lujo, además de minería Bitcoin. La operación ha permitido, una de las mayores intervenciones de centros de minería de moneda virtual realizada hasta la fecha en Europa, invirtiendo las ganacias ilícitas en la creación de los citados centros para obtener la moneda virtual. Hasta el momento los investigadores se han incautado de 78,3 bitcoins con un valor en el mercado de 31.320 euros, lo que supone también una de las mayores que se han producido hasta el momento.

El mantenimiento de los seis centros de minería intervenidos tenía un elevado requerimiento energético, necesario para el mantenimiento de los seis centros intervenidos, que conseguían instalando dobles acometidas eléctricas y defraudando grandes cantidades de fluido eléctrico en varias ciudades españolas que ascendían a los 400.000 euros anuales aproximadamente.

La operación ha sido desarrollada conjuntamente por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria. Por parte de la Policía Nacional han participado el Grupo de Propiedad Intelectual y Sección Operativa de Apoyo de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la UDEV Central, Grupo 11 de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, Grupo I de Fraudes a la Seguridad Social de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Grupo de Antipiratería y Sección Técnica de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) y la Unidad Central de Inteligencia Criminal -todos integrados en la Comisaría General de Policía Judicial-, Comisaría General de Policía Científica, Grupo Delincuencia Económica y Nuevas Tecnologías de B.P.P.J. de Córdoba, Grupo Delitos Tecnológicos y Grupo Delitos de Propiedad Intelectual e Industrial de UDEF-BPPJ de Valencia, Grupo II Delitos Económicos de B.P.P.J. de Málaga, Grupo 3 Delitos Contra la Propiedad Intelectual e Industrial de UDEF-BPPJ de Barcelona, Grupo de Delincuencia Económica y Técnica de B.P.P.J de A Coruña, Grupo de Blanqueo Capitales de B.P.P.J. de Palma de Mallorca y el Grupo de Delincuencia Especializada y Violenta de Cádiz. Por parte de la Agencia Tributaria han participado las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera de la AEAT en Madrid, Málaga, Córdoba y Barcelona. La operación ha contado con la colaboración Europol y Eurojust en la fase final de la investigación. Así mismo, durante la investigación han colaborado entidades no policiales.

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