El Govern ha pedido al Ministerio de Fomento que se aplique la normalización lingüística en los nombres de los aeropuertos de Baleares, es decir, que se titulen en catalán y que el de “Palma de Mallorca” se llame solo de “Palma”.

El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha informado hoy, durante su comparecencia sobre conectividad aérea en la Comisión de Turismo del Parlament balear, sobre esta petición realizada a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en el encuentro que mantuvieron la semana anterior.

Este es uno de los temas de menor trascendencia pero también importantes solicitados al Gobierno central, ha detallado Pons, que ha aclarado que “el caballo de batalla” del Ejecutivo balear es la consecución la tarifa plana de 30 euros entre islas, que Fomento se comprometió a trasladar a Europa para su futura implantación.

El conseller ha apuntado que en esta petición de cambio de nombres de los aeropuertos el Govern buscará un consenso parlamentario para ir a Madrid a reivindicarlo con mayor “fuerza”.

El conseller ha informado también de el Govern continúa defendiendo en Madrid la cogestión aeroportuaria, por lo que ha solicitado por escrito, en base a la ley, crear la comisión del Aeropuerto de Palma para lograr “un espacio de gestión donde ayuntamiento, consell (Mallorca) y Govern puedan estar presentes”. Ante las críticas por parte del PP de que en esta comisión solo se aborde el cambio de nombre del aeropuerto de Palma, el conseller considera que ya será válida porque responderá a la soberanía ciudadana.

El diputado del PP Álvaro Gijón, ha considerado que sería un error que el aeropuerto de Palma no lleve el “de Mallorca” porque puede generar confusiones.

Pons ha informado también de que el Govern ha pedido la reducción de un 6 % de la tarifa aérea de residentes entre islas, como consecuencia de la caída del precio del combustible en los últimos años; y solicitado mejoras en la Obligación de Servicio Pública (OSP) Madrid-Menorca.

El ejecutivo balear ha solicitado además a Fomento una tarifa social para los desplazamientos dentro la administración pública, debido a los “altísimos costes” que suponen para las arcas autonómicas

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