El PP de Palma señala que la decisión sobre Ses Fontanelles podría conllevar el pago de más de 100 millones

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Palma Lourdes Bosch ha manifestado este jueves que la vía por la que ha optado el equipo de gobierno en relación a Ses Fontanelles “podría habilitar al promotor para reclamar una indemnización superior a los cien millones de euros que saldrían directamente de los bolsillos de los ciudadanos”.

Así lo ha señalado durante una rueda de prensa en la que, acompañada por la portavoz del partido en el Consistorio, Marga Durán, se ha se ha ocupado de profundizar en la proposición extraordinaria urgente que los ‘populares’ han tramitado en torno al proyecto de apertura de una gran superficie comercial en ses Fontanelles, con objeto de que sea incluida en el orden del día de la próxima sesión plenaria.

En la proposición, el PP reclama al equipo de gobierno que defienda el interés general y evite que los ciudadanos de Palma “resulten perjudicados por la decisión del Pacte de hacer caso omiso” al informe jurídico-administrativo emitido el pasado 18 de noviembre por la jefa del Servicio de Tramitación de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

En este documento, recuerda el partido, se sostienen argumentos favorables a postergar una determinación definitiva sobre la apertura de un gran establecimiento comercial en ses Fontanelles hasta el momento en que exista una resolución judicial en torno a los recursos presentados no sólo por la empresa promotora, Palma Springs, sino también por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en este caso ante la Audiencia Nacional.

Estos recursos tratan de rebatir los dos pronunciamientos denegatorios que ha recibido el proyecto.

“Sin duda alguna, un gobernante juicioso, cabal, sensato, habría preferido acogerse al primer informe y esperar la resolución judicial, pero está claro que el teniente de alcalde no cuenta con estas cualidades, y ha preferido llevar a cabo una maniobra orquestada con evidentes finalidades partidistas y electoralistas”, ha lamentado.

Por su parte, Durán ha reclamado la elaboración de un reglamento de consultas ciudadanas para asegurar que los procesos se desarrollen correctamente, con las máximas garantías legales, y que el resultado de estas consultas sea computado por los responsables “a los que les corresponde hacerlo”.

Este es, precisamente, el contenido de una de las diez mociones que el PP defenderá en el pleno municipal del mes de diciembre.

Por otro lado, el PP ha preparado también una moción apoyando la solicitud de colocación de mamparas de protección en las cabinas de los conductores de la EMT. Durán ha explicado que este colectivo “viene exigiendo que se vele por su seguridad mediante la habilitación de estos dispositivos, y desde el grupo municipal queremos trasladar esta inquietud al pleno”.

Precisamente, en relación a las movilizaciones anunciadas por los trabajadores de la EMT, Durán ha pedido a las partes implicadas que “se esfuercen por llegar a un acuerdo para evitar perjuicios importantes a los ciudadanos en un servicio tan crucial como el transporte público, especialmente en estas fechas próximas a la Navidad en que muchas personas utilizan los autobuses para hacer sus compras y en las que recibimos también a turistas que acuden a disfrutar de la ciudad”.

En otro orden de cosas, los ‘populares’ propondrán en el próximo pleno la recuperación de la Oficina de Mediación Hipotecaria como estrategia “más efectiva” para ayudar a las personas y familias afectadas por los desahucios.

Este servicio, que se puso en marcha la pasada legislatura, tenía la ventaja, según Durán, de que “ayudaba directamente a los colectivos, con la colaboración del Colegio de Abogados y el Tribunal Superior de Justicia, sin tanta parafernalia y tanto gasto estéril como el que existe actualmente”.

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