La Fiscalía Anticorrupción respalda el archivo de la imputación de Pere Rotger en el caso Over Marketing

Foto: EUROPA PRESS

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach dará respaldo a la petición de archivo formulada por el expresidente del Parlament y exalcalde de Inca Pere Rotger en el marco del caso Over Marketing, quien basa su solicitud en su desvinculación de la trama de la que se habría servido el PP para financiarse de forma irregular a través de Over, y que está siendo investigada por el juez José Castro.

Mediante un escrito de 16 páginas al que tuvo acceso Europa Press, la defensa de Rotger, ejercida por el abogado Gaspar Oliver, incidía en que estas investigaciones nada tienen que ver con la contratación de Over que el Ayuntamiento de Inca llevó a cabo en 2008 para la realización de unas encuestas sobre la calidad de vida en el municipio mallorquín, unos trabajos por los que mercantil percibió 20.300 euros (17.500 sin IVA).

De hecho, el letrado recalca que este expediente fue tramitado con posterioridad a la salida del expresidente del Govern Jaume Matas en 2007, bajo cuyo mandato se produjo un supuesto trato de favor a beneficio de Over mediante adjudicaciones irregulares.

Castro investiga asimismo si la agencia habría financiado de forma ilegal al PP después de que Matas se hiciera con el poder tras las elecciones autonómicas de 2003.

“Estas investigaciones están absolutamente desconectadas, tanto en el tiempo como en los intervinientes, de los hechos de Inca”, asevera la defensa, que recuerda además cómo el administrador de Over, Daniel Mercado, pactó con el exministro “ciertas prebendas en lo que a la contratación de su empresa se refiere”, tratos de favor que “concluyeron cuando el señor Matas abandonó el Gobierno autonómico”.

En lo que al propio contrato desde el Consistorio ‘inquer’ se refiere, el abogado subraya que aquél fue impulsado como “un simple acuerdo de voluntades, equiparado a la contratación entre particulares”, eximiéndose por tanto “de la exigencia de los dos procedimientos existentes en todo contrato administrativo: expediente previo y de adjudicación”.

“NO SE AMAÑÓ NINGÚN CONTRATO”

Asimismo, recalca que “no puede sostenerse en modo alguno que la conducta del señor Rotger es delictiva por que una empresa a la que el Ayuntamiento decide contratar” inicie sus trabajos “siete días antes” de la entrada en vigor la modificación de la Ley de Contratos, que establece la cantidad de 18.000 euros, excluido el IVA, como límite para que un contrato menor pudiera ser adjudicado de forma directa. “No fue amañado ningún contrato”, insiste.

El abogado recalca, en esta misma línea, el hecho de que los cursos contemplados por este contrato -talleres de portavocía- “no iban dirigidos a mi mandante, pues ninguna relación tuvo con los mismos, ni directa ni indirectamente”, por lo que “no cabe predicar en modo alguno un interés personal, que no público, en la adjudicación del contrato si ningún beneficio particular obtuvo del mismo, ni a nivel económico ni intelectual”.

ALEGA QUE EL TRABAJO FUE ÚTIL PARA EL AYUNTAMIENTO

Finalmente, señala que el precio del servicio fue “adecuado” al trabajo realizado y a los precios de mercado correspondientes a 2008. “El trabajo fue útil para el Ayuntamiento de Inca y la contratación de Over por parte del Consistorio fue puntual y episódica, sin conexión alguna con una presunta trama de financiación del PP”.

Cabe recordar que el exalto cargo del PP fue imputado después de que su sustituto en la alcaldía, Rafael Torres, apuntara ante el juez que fue Rotger quien encargó a la empresa Over la realización de los anteriores trabajos. Rotger dimitió como presidente de la Cámara autonómica en diciembre de 2012, después de que el magistrado ya rechazara entonces sobreseer su encausamiento.

Mientras tanto, un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso Over, al que tuvo acceso Europa Press, revelaba cómo el expediente “adolece de todo rigor”, puesto que “únicamente consta la invitación de dos empresas, faltando precisamente el presupuesto de la empresa que a la postre se hizo con la adjudicación”.

El informe aseveraba además que el precio pagado a Over superaba los límites de contratación del Ayuntamiento, “a saber, 12.000 euros (contratos menores), por lo que el procedimiento a seguir debía ser un negociado sin publicidad, glosando la existencia de irregularidades en su tramitación”.

En el marco de esta causa se encuentran imputados, además del propio Rotger, Matas, el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez -quien en julio de 2012 dimitió de su cargo como delegado del Gobierno en Baleares a raíz de las informaciones surgidas en torno a la presunta falsificación de facturas en la que habría incurrido en favor de la trama Gürtel mientras era conseller de Matas-, la exconsellera de Salud Aina Castillo, el extesorero ‘popular’ Fernando Areal, y el administrador de Over.

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