30 octubre 2015

Castro incorpora al caso Son Espases el auto con el que De la Mata envió a juicio al PP por las cajas ‘B’

Castro incorpora al caso Son Espases el auto con el que De la Mata envió a juicio al PP por las cajas ‘B’

El juez instructor del caso Son Espases, José Castro, ha incorporado a la causa el auto con el que el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata acordó sentar en el banquillo de los acusados al Partido Popular (PP) como responsable civil subsidiario por haberse financiado con ‘cajas B’ desde 1990 y hasta, al menos, el año 2008.

En concreto, la resolución judicial ha sido entregada ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, después de que Castro reclamase esta semana a la presidencia nacional del PP que le remita las facturas relativas a la reforma de la sede del partido en la calle Génova, en virtud de su posible conexión con la adjudicación de las obras del hospital de referencia de Baleares.

Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach justifica haber presentado tanto el auto de apertura de juicio oral como el anterior a éste -conocido como auto de pase a procedimiento abreviado- “por si pueden ser de interés” en las diligencias que el juez instruye en torno a la concesión de la infraestructura hospitalaria.

En su auto, fechado el pasado mes de mayo, De la Mata asevera que las cajas ‘B’ de la formación ‘popular’ se habría nutrido de donativos ajenos a la contabilidad oficial con el fin de pagar “gastos generados en campañas electorales, retribuciones, complementos de sueldo, compensaciones a personas vinculadas con el partido o servicios relacionados con la actividad del partido”.

Mediante esta resolución, el juez abrió juicio oral contra los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica que reformó las obras de Génova Gonzalo Urquijo, Belén García y su empleada Laura Montero, y considera que esta empresa junto a la formación política deben ser juzgados como responsables civiles subsidiarios de los presuntos delitos que habrían cometido los seis acusados.

Según el auto que ahora está en posesión del juez Castro, el dinero opaco se empleó, entre otros, en “el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido Popular”, como la realización de las obras de su sede central, en la que se abonaron 1,5 millones de euros en negro.

De la Mata señala que los exdirigentes ‘populares’ y los responsables del estudio de arquitectura Unifica, que desarrolló la reforma, llevaron a cabo una “estrategia defraudatoria” que incluyó “operaciones simuladas” mediante la elaboración de facturas y certificaciones de obra “mendaces” por parte de la empresa.

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