Una sentencia pionera por ahogamiento en Gijón destaca la necesidad de reforzar la seguridad en Baleares
El Ayuntamiento de Gijón deberá indemnizar con casi 100.000 euros a la familia de un joven fallecido tras ahogarse en la playa de San Lorenzo
Sergio Jiménez | Mallorca, 27 de Enero de 2025 | 09:36h
La reciente sentencia que condena al Ayuntamiento de Gijón a indemnizar con casi 100.000 euros a la familia de un joven fallecido tras ahogarse en la playa de San Lorenzo ha establecido un precedente en España. Este caso pone de manifiesto la responsabilidad de las administraciones locales en garantizar la seguridad de los usuarios y resalta la necesidad de implementar medidas efectivas de prevención y salvamento.
Este trágico incidente, provocado por una corriente de resaca sin señalización ni vigilancia adecuada, es un recordatorio de que los riesgos en las playas deben ser gestionados con rigor y compromiso.
BALEARES, EJEMPLO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD ACUÁTICA
En contraste con lo ocurrido en Gijón, las Islas Baleares cuentan con una normativa autonómica específica que regula la seguridad en sus playas y zonas de baño.
Este marco legal establece medidas mínimas de protección y prevención que deben cumplir las playas, convirtiendo al archipiélago en un modelo nacional en gestión costera.
La normativa balear se adapta a la alta afluencia de turistas y a la diversidad de su litoral, promoviendo una gestión proactiva para evitar tragedias. Entre sus medidas destacan los estudios de seguridad periódicos y los protocolos específicos para playas con corrientes o riesgos particulares, algo esencial según expertos en la materia.
IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN Y LOS PROTOCOLOS
El caso de Gijón subraya la necesidad de una formación específica para los socorristas, quienes deben estar capacitados para identificar riesgos como las corrientes de resaca y actuar con rapidez. Álvaro Castarnado, CEO de Marsave, señala:
"La seguridad en las playas no es negociable. Los planes de salvamento deben incluir la catalogación de riesgos específicos y simulacros periódicos para garantizar la preparación ante emergencias."
Por su parte, Antonio de la Cruz, doctor en Geología y responsable del informe pericial que sustentó la sentencia en Gijón, destaca que las corrientes de resaca son una de las principales causas de ahogamiento en playas. Sin embargo, todavía no se reflejan de forma adecuada en las estadísticas, lo que dificulta la implementación de medidas preventivas eficaces.
PREVENCIÓN Y COMPROMISO COMPARTIDO
En Baleares, expertos como De la Cruz insisten en que las administraciones locales deben reforzar las medidas de prevención, especialmente en horarios donde no hay servicio de salvamento. La señalización adecuada, la instalación de aros salvavidas y las campañas de concienciación son fundamentales para proteger a los bañistas en estos periodos críticos.
Además, Castarnado recalca la necesidad de invertir en infraestructuras como torres de vigilancia y módulos equipados, no solo para garantizar la seguridad de los usuarios, sino también para apoyar la labor de los socorristas.
"La sentencia de Gijón evidencia las consecuencias legales y económicas de no implementar medidas de seguridad adecuadas. Baleares tiene la oportunidad de liderar el camino hacia un litoral más seguro y confiable para turistas y residentes," concluyó Castarnado.
El caso de Gijón es un claro recordatorio de que la seguridad en las playas es una responsabilidad compartida entre administraciones, empresas y usuarios. La inversión en prevención, formación especializada y protocolos claros no solo salva vidas, sino que también refuerza la reputación de las costas españolas como destinos turísticos seguros y de calidad.
