Un policía local destaca irregularidades en la instrucción del caso Cursach: "He vivido una película de terror"

EP | 13/07/2022

Isaac Buj

El agente de la Policía Local Nicanor Góngora ha destacado, este miércoles durante el juicio por el caso Cursach en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, irregularidades en la instrucción judicial del caso Cursach y ha subrayado que ha vivido "una película de terror".

En su declaración ante el Tribunal, Góngora ha afirmado que "siempre" iba vestido con chándal porque pensaba que "lo metían en la cárcel".

Aparte de resaltar que engordó más de 50 kilos por ansiedad, el procesado ha asegurado que todas las declaraciones realizadas ante el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán son "falsas". "Subirán era el que dictaba mi declaración con la inactividad del juez".

De este modo, ha confesado que las declaraciones que hizo "no eran reales" porque seguía el hilo que "ellos me marcaban", en referencia a Penalva y Subirán.

A continuación, el policía local Felipe Florit, para el que la Fiscalía solicita dos años de cárcel por un delito de coacciones, ha reconocido que compaginó su labor como agente para trabajar en Megapark durante los meses de verano de 2011 a 2014.

Entonces, se encargaba de la vigilancia en la parte trasera del local, sobre todo "para espantar" a las prostitutas.

Su trabajo con el Grupo Cursach lo ha justificado por razones económicas. Además, ha negado que interrumpiera el camino de un autobús lleno de turistas para que fuesen a una discoteca del Grupo Cursach y que haya coaccionado a alguien. "En mi vida lo he hecho", ha remachado.

Seguidamente, el comisario de la Policía Local Rafael Estarellas, para quien el Ministerio Fiscal pide dos años de inhabilitación por un delito de omisión de perseguir delitos, ha sugerido que él ha sido "un objetivo" porque en la Policía Local de Palma "se inició un golpe de Estado y la Justicia ha sido utilizada".

"Caímos toda una lista de policías que se hizo. Jamás podré demostrarlo pero se hizo porque había gente ambiciosa que quería coger el mando", ha afirmado.

A pesar de reconocer que "la verdad no se sabrá nunca", Estarellas ha recalcado que "lo primero" que le dijo el juez Penalva cuando lo detuvieron y prestó declaración fue: "Usted está acabado, que lo sepa". "Yo respondí a todas las preguntas y me dijo que se había creído mi versión, pero sigo aquí sentado".

Antes que estos agentes, ha declarado el subinspector del Grupo de Acción Preventiva (GAP) Carlos Tomás, quien ha afirmado que sí conoce a testigos del Ministerio Fiscal, que declararán en la vista oral, que son policías locales y trabajaban como seguridad privada.

Tomás ha declarado en primer lugar este miércoles ante el Tribunal después de que la Fiscalía le pida seis años y medio de cárcel por delitos de cohecho pasivo continuado y coacciones.

De este modo, el policía local ha subrayado que al menos cinco agentes del GAP compaginaban sus trabajo como policías con labores de seguridad en algunos locales del grupo Cursach a pesar de estar prohibido "taxativamente" por órdenes de la Policía Local.

Igualmente, ante preguntas del Ministerio Fiscal, ha subrayado que en el GAP solían trabajar en grupo y, "como mucho" eran unos 12 agentes en la actuación de un local nocturno, "no más de 40".

A continuación, la abogada de su defensa, Rosario Molina, ha pedido introducir una prueba sobre un local, que cambió de gestor antes de 2005. Sin embargo, el Tribunal ha anunciado que no la acepta a la espera que de que declare el testigo al que se refiere en el documento. El Ministerio Fiscal se ha opuesto a su admisión.

Seguidamente, Tomás ha rehusado que contratase a un policía local como empleado de seguridad en un local por 45 euros, cuando en el GAP se ganaba 50 euros la hora, consiguiendo así hasta 500 euros por toda una noche de trabajo con horas extraordinarias incluidas.

A primera hora de la sesión de este miércoles, la abogada Teresa Bueyes, acusación particular en el juicio que se celebra en la Sección Primra de la Audiencia Provincial de Palma, ha anunciado que interpondrá una querella criminal contra el fiscal del caso Cursach, Juan Carrau, después de que la magistrada titular del Tribunal, Samantha Romero, ha asegurado a la letrada que no va tolerar "ningún tipo de espectáculo".

Así de firme se ha expresado durante el juicio después de que los abogados de la defensa, en bloque, hayan manifestado protesta por una publicación realizada por la letrada en su Instagram personal en el que salen retratados y expresa que algunos deberían estar en el banquillo de los acusados.

Seguidamente, el Ministerio Fiscal ha recalcado que la letrada, con esta publicación, ha cometido dos infracciones disciplinarias. La primera es que se ha tomado imágenes sin la autorización del Tribunal y, la segunda, los comentarios son "vejatorios e injuriosos".

Por su parte, la letrada Bueyes se ha defendido denunciando la "mala fe procesal" porque ha indicado que la fotografía no estaba hecha por ella. Además, ha afirmado que se trata de su Instagram privado y, en concreto, se refieren al Ministerio Fiscal, al fiscal Juan Carrau, sobre el que ha anunciado que presentará una querella criminal.

Ante esto, la magistrada Romero, titular del Tribunal de la Sala, ha recalcado a Bueyes que no va a permitir que anuncie querellas "si pretende ejercer algún tipo de presión sobre el Ministerio Fiscal". En este sentido, ha continuado, "el Tribunal velará porque todas las partes de este procedimiento lo hagan con todas las garantías y difícilmente se puede hacer, si hace este tipo de anuncios".

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