Tres forenses declaran que el estrés postraumático de Subirán le impide defenderse

Tres forenses ratificaron ayer los informes en los que hace varios meses determinaron que el exfiscal Miguel Ángel Subirán no se encuentra en condiciones de ejercer su derecho de defensa por las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso Cursach.

Las tres peritos comparecieron a lo largo de toda la mañana, durante más de cinco horas, en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), donde fueron interrogadas por varias de las acusaciones particulares personadas en el procedimiento judicial así como por el fiscal anticorrupción Tomás Herranz, quien con mayor persistencia buscó esclarecer hasta qué punto el estado de salud de Subirán podría afectar a su defensa en el marco de este procedimiento judicial.

Durante su declaración, las forenses manifestaron que el estrés postraumático que padece Subirán podría afectar a su memoria y a su capacidad de atención en la causa, si bien no supieron precisar en qué momento podrían haberse desencadenado los síntomas de la ansiedad y bajo qué circunstancias.

A lo largo de su comparecencia, las médicas se remitieron a los informes que emitieron a petición del propio Subirán, el primero de los cuales determinó que éste no se encuentra en situación de afrontar las investigaciones debido a su situación médica, una conclusión que el pasado mes de abril llevó al magistrado instructor de la causa, Carlos Gómez, a archivar las pesquisas respecto al exfiscal "en tanto no recupere la salud mental en términos que le permitan continuar el proceso sin merma de su derecho de defensa”.

No en vano, ya un mes antes, en marzo, Subirán había alegado ante el TSJIB no hallarse en circunstancias de poder declarar como investigado: junto al exjuez Manuel Penalva y cuatro miembros de Blanqueo de la Policía Nacional había sido citado a declarar el 15 de abril para esclarecer si, durante la instrucción del caso Cursach, habían aleccionado a testigos con el objetivo de que estos reforzaran sus tesis en torno a una presunta trama policial dirigida a favorecer los intereses del grupo Cursach. Subirán, finalmente, no hizo acto de presencia en el TSJIB puesto que, según alegaba, la comparecencia judicial podía "empeorar su estado".

El exfiscal se amparaba para ello en los informes médicos que dieron pie a su jubilación anticipada forzosa, a los 59 años, por "incapacidad”. Fue en junio de 2020 cuando el Ministerio de Justicia declaró la jubilación del exacusador público, si bien previamente, en octubre de 2019, había sido apartado de la Fiscalía Anticorrupción, cargo que ocupaba desde que en mayo de 2010 fuese designado fiscal delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en virtud de un decreto del fiscal general del Estado.

Los fiscales de Madrid Tomás Herranz y Fernando Bermejo han mostrado tajantes hasta el momento su disconformidad con la decisión de Gómez de exonerar de forma provisional a Subirán por incapacidad médica. De hecho, consideran que no se ha producido ningún supuesto de demencia sobrevenida que justifique el archivo de las pesquisas, una circunstancia sobre la que, al amparo del artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), sí se apoyaba Gómez a la hora de exculpar al exfiscal.

Es más, estimaban preciso que Subirán “sea examinado por un especialista en psiquiatría que pueda determinar su situación mental”, especialidad que los fiscales desconocen "si posee quien emitió" el informe solicitado por el exinvestigado. La Fiscalía entregó además un informe del Instituto de Medicina Legal de Baleares que, al contrario que el anterior dictamen, precisa que el tratamiento prescrito a Subirán "no genera por sí mismo una merma en su nivel de funcionamiento global".

La causa se encuentra pendiente de que el TSJIB dictamine si tanto Penalva como los integrantes de Blanqueo deben ir a juicio por instrumentalizar a testigos, obtener falsas pruebas incriminatorias, retrasar deliberadamente la práctica de varias declaraciones testificales o prolongar el ingreso en prisión de varios investigados, después de que Gómez tumbase por segunda vez las acusaciones más graves que pesaban sobre todos ellos, a quienes sí deja a las puertas del banquillo por, presuntamente, efectuar continuas e interesadas filtraciones a la prensa y no llevar a cabo actuación alguna para impedirlo a pesar de que el caso Cursach se encontraba bajo secreto.

Frente a ello, la Fiscalía Anticorrupción así como las acusaciones particulares, como ya hicieran la primera vez que Gómez dio carpetazo a la causa, rebaten con dureza los alegatos vertidos por el magistrado y piden que se amplíe el abanico de delitos por los que consideran que los investigados -Subirán incluido- deben ser juzgados. Unos hechos supuestamente ilícitos que fueron detallados, además, en hasta ocho informes policiales.