Sbert critica que el "cierre en falso" de la investigación contra Penalva y Subirán "dinamita la independencia judicial"

Bartolomé Sbert, exnúmero dos del empresario de la noche Bartolomé Cursach, ha criticado el "cierre en falso" de las investigaciones contra el juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, una decisión adoptada, sostiene, a pesar del "cúmulo de indicios delictivos" que han aflorado a lo largo de los últimos meses en relación con la actuación que los dos juristas desplegaron al frente del caso Cursach.

El exdirectivo asevera, incluso, que con esta decisión se estaría instaurando la "doctrina Penalva", dado que, a su juicio, supone "la construcción de una resolución ad hoc, un 'traje a medida' para proteger a un compañero de profesión".Asimismo, considera que dejar en manos de los juzgados ordinarios de instrucción la posibilidad de indagar el papel que ejerció cada uno de los testigos clave del caso Cursach, habiendo ya descartado que Penalva y Subirán los coaccionasen, "hipotecaría" el curso de tales pesquisas e imposibilitaría una futura desviación de responsabilidades, "dinamitando" con ello "la independencia judicial".

El de Sbert es uno de los últimos recursos interpuestos contra el auto con el que el pasado 1 de diciembre  el magistrado Carlos Gómez, recientemente elegido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), puso fin a las pesquisas contra Penalva y Subirán, una resolución con la que abrió la vía para que ambos sean juzgados por presuntamente filtrar información secreta a la prensa pero no así por las acusaciones más graves que pesaban sobre ellos, como el encarcelamiento supuestamente premeditado de diversos investigados o el presunto aleccionamiento de varios testigos para que declarasen en un sentido o en otro. La resolución judicial también ha sido impugnada con dureza por los fiscales anticorrupción de Madrid personados en la causa.

Precisamente, sobre la actuación de los representantes del Ministerio Público, el letrado de Sbert considera preciso "dejar constancia de lo terrible que resulta que haya sido preciso que viniesen dos fiscales de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada desde Madrid para poner blanco sobre negro lo que una parte de la Judicatura de Mallorca se viene negando a ver".

De hecho, el abogado, Antonio Martínez, recalca cómo los fiscales han puesto de relieve que los 8.000 folios de atestados policiales aportados a la causa durante más de un año "no sólo presentan indicios de la existencia de revelación de secretos, sino que presentan más que indicios de que un juez de Instrucción (la persona con más poder de una localidad cuando está en funciones de guardia) usó su omnímodo poder para inventarse delitos y, para ello, dispuso y toleró detenciones ilegales, ordenó ingresos en prisión ilícitos, coaccionó a investigados y testigos y atropelló el derecho fundamental a la libertad y presunción de inocencia".

Todo ello, abunda, "en connivencia con un fiscal y cuatro policías", en alusión a Subirán y a los cuatro miembros de Blanqueo de la Policía Nacional que, junto a ambos, intervinieron en el caso Cursach y quienes también se encuentran a las puertas del banquillo. "Destacamos que la pieza fundamental de este entramado delictivo es un magistrado-juez que era quien, legalmente, debía velar por la protección de los derechos y libertades y proteger a los ciudadanos de cualquier exceso que pudiesen cometer la Policía o la Fiscalía y, en lugar de ello, ideó, alentó y protagonizó esos excesos", prosigue el abogado.

Y sostiene que el hecho de que "la pieza angular de este entramado sea un magistrado que ha pasado su vida profesional en Mallorca ha condicionado, y lamentamos mucho tener que decirlo, los sucesivos procedimientos judiciales que, relacionados con la instrucción del caso principal, fue generando".

Al respecto, el letrado alude, entre otros hechos, a la existencia de varias condenas de personas que, "de acuerdo con los datos recogidos en los atestados policiales, se fundaron en pruebas falsas"; a los habeas corpus que "fueron inadmitidos durante la instrucción de la causa como consecuencia de las 'gestiones' del juez Penalva con los colegas competentes"; a la desestimación de todos los recursos interpuestos "contra un secreto de actuaciones que rondó el lustro" y a las "sucesivas desestimaciones de los recursos contra los autos de prisión y contra la denegación de las diligencias de descargo propuestas por las defensas en la causa principal y sus derivadas".

No sólo eso. El abogado alude, en esta misma línea, a "las vergonzantes referencias, en los Whatsapps del investigado Penalva, alardeando de haber hablado con uno u otro magistrado que debía intervenir en algunas de esas actuaciones paralelas o instancias superiores" y, del mismo modo, a "las vergonzosas referencias del investigado Subirán sobre gestiones con uno u otro fiscal o juez respecto de alguna de las causas".

Unas circunstancias a las que suma la presunta "amenaza" vertida en uno de los escritos judiciales y "deslizada en el presente proceso por la representación de los investigados Penalva y Subirán advirtiendo de la posesión de grabaciones con 'personas de más arriba' que saldrían a la luz si el asunto seguía adelante".

"La constatación de lo enormemente condicionado que está este asunto entre los jueces 'mallorquines' por ser el principal investigado un magistrado de Palma es el hecho inconcebible de que hasta la fecha, que sepamos, por lo menos diez magistrados se han abstenido, o lo han intentado, del conocimiento de los asuntos que rodean al juez investigado señor Penalva", incide Martínez en un escrito en el que advierte de que "diez, respecto de los posibles jueces predeterminados por la ley que podían ser competentes, son demasiados".

Un auto dictado con diligencias y recursos pendientes de resolver

En su impugnación, el abogado llama asimismo la atención sobre el hecho de que el auto se dictase "repentinamente", sin dar traslado previo a las partes para que pudiesen alegar y con numerosas diligencias pendientes de práctica y de resolución, como tampoco, añade, se les dio "margen alguno para instruirnos o posibilitarnos asimilar el resultado de determinados informes y contenido documental que permanecían remansados exclusivamente" a disposición del instructor. "Nada. Nos hemos topado con el cierre abrupto de la instrucción", señala.

De la misma forma, recuerda que penden varios recursos de apelación contra la agrupación de las 39 acusaciones personadas en la causa "impuesta contra criterio del propio Ministerio Fiscal, que informó de la vulneración de derechos fundamentales" a raíz de esta decisión, dictada un mes antes de poner fin a la instrucción bajo el fundamento de garantizar el "buen orden" del procedimiento judicial. Como recuerda Martínez, Gómez también solicitó refuerzo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la especial dedicación que le demandaba la causa, lo que, a su juicio, entra en “contradicción” con el “urgente” cierre de la misma.

Además de repasar las irregularidades en las que presuntamente incurrieron Penalva y Subirán -"una multitud de hechos muy graves, delictivos, que son reales"-, la defensa de Sbert asevera que el auto contra el que dirige su recurso "perjudica de nuevo a las víctimas". "Olvida a su mayoría, ni se les hace referencia -mucho menos un análisis sobre las lesiones jurídicas que sufrieron-. Desaparecen del proceso con la resolución combatida. Su testimonio y el contenido de sus denuncias se desvanecen como si no hubieran existido nunca".

En medio de tales circunstancias, el abogado recrimina que se deniegue a las acusaciones el acceso a varios chats de Whatsapp cuyo conocimiento "se nos 'hurta' directa e indebidamente", como las mantenidas entre dos de los integrantes de Blanqueo acerca de "su conciencia de la falsedad del relato" de dos "enemigos declarados y testigos claves para ser utilizados contra Sbert/Curscach" así como "de la instrumentalización del viciado proceso Cursach para incriminar en falso a estos".

"Todos los investigados (aforados y no aforados) lo conocían y los aprovecharon, como ariete vs. Sbert y Cursach, plagando de falsarias declaraciones el procedimiento judicial, consiguiendo con ello sustentar ilícitamente medidas de prisión, prórrogas del secreto y el embargo de todo el patrimonio de mi patrocinado, con engaño a la propia Audiencia Provincial incluido", sentencia el letrado, quien considera que la declaración de estos testigos debería ser objeto de enjuiciamiento conjunto "con aquellos que les solicitaron su cooperación a cambio de beneficios".