Penalva pidió presionar a un empresario para que incriminase a Gijón en el cobro de comisiones

Los últimos informes de la Policía Nacional aportados al conocido como caso whatsapps, que instruye el juez Miquel Florit y en el que se investigan los mensajes cruzados entre el ex-juez del caso Cursach, Manuel Penalva, el ex-fiscal Miguel Ángel Subirán (ambos apartados de las pesquisas) y varios policías del Grupo de Blanqueo, revelan que el magistrado pidió a un subispector “apretar” a un empresario para que incriminase al exdiputado y exregidor del PP Álvaro Gijón en el marco de estas investigaciones. Más en concreto, en relación con el cobro de presuntas comisiones por la adjudicación del servicio de regulación del aparcamiento en Palma (más conocido como ORA).

Según la documentación, a la que ha tenido acceso Crónica Balear, el inspector invitó a un café al empresario, Antoni Roig (que estaba detenido en la Jefatura de Policía y encausado como consecuencia del supuesto amaño del concurso de la ORA a fin de que le fuese adjudicado el servicio), para sondearle acerca de estos hechos. El propio agente lo comenta en el chat de whatsapp que los investigadores mantenían abierto en paralelo a la instrucción del caso Cursach. Otro de los integrantes (el juez o el fiscal) de la conversación le insta: “no te olvides de Gijón, que igual sabe cosas; dale duro”.

"¿Qué tal Roig? ¿Nerviosillo?", le preguntan, parece ser que Penalva o Subirán, una vez ha hablado con el empresario arrestado, a lo que el interpelado responde: “Roig, emperrao en que no ha hecho nada… Pero cuando me ha preguntado ‘qué puedo hacer’ y le he dicho que sólo tiene una carta, que la pelota está en su tejado y que quiero la confesión del pago a Gijón por la ORA, se me ha quedado mirando y no ha negado, se ha quedado pensativo…”.

A Roig llegan a subirlo, en diferentes ocasiones, desde los calabozos del CNP para “ver si se había ablandado” con su estancia entre rejas.

En concreto, Roig fue arrestado en enero de 2017 en el marco de una de las piezas separadas del caso Cursach, relativa a la presunta manipulación de contratos dentro del Instituto Municipal de Deportes (IME) de Palma. Junto a él también fueron detenidos los exgerentes de esta empresa pública Antoni Ramis y Bartolomé Colom, y el exjefe de mantenimiento de los polideportivos municipales Alberto Serna. Según apunta la Policía Nacional en su informe, los investigadores habrían llevado a cabo "maniobras y trampas" con el único objetivo de decretar el ingreso en prisión de los detenidos en este fleco.

De hecho, tal y como se desprende de los mensajes intervenidos y de la declaración de varios testigos, la finalidad del ingreso en prisión provisional pasaba por castigar a los afectados, bien por estar convencidos de su "maldad", bien “por no haber declarado en el sentido que querían los investigadores”, como en el caso de Roig contra Gijón, y constituiría una medida de presión dirigida a avocarles a realizar confesiones a cambio de su libertad.

Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía subrayan cómo los investigadores tenían claramente diseñada la actuación dirigida a llevar a cabo los arrestos y, en el grupo de whatsapp, así lo hacen saber: “lunes, zafarrancho de testigos, martes zapatazo [en alusión a las detenciones] y miércoles, a disposición [judicial] en un furgón lleno de gitanos. Como Dios manda”. Y tantean los delitos que les serán atribuidos: “entre tanta declaración se me olvidó comentar los delitos a imputar. Malversación, estafa, prevaricación seguro que hay y fraude a la administración en grado de tentativa por el intento de fraccionamiento???”, pregunta uno de ellos. “Sí, más o menos es lo que tengo puesto, y falsedad documental”, añade otro.

El día de los arrestos, el 24 de enero, uno de los agentes equipara las circunstancias a las que se enfrentarán ese día a las de la película Peligro inminente: “ante una situación similar, el agente Jack Ryan le pregunta a su jefe (James Earl Jones): ¿qué he de hacer? Y James responde: prestaste un juramento Jack, diste tu palabra y un hombre vale tanto como su palabra”. Y el policía prosigue, desafiante: “yo también juré y di mi palabra de cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo, así que el que se atreva a ordenarme hoy que no cumpla mi juramento que se atenga a las consecuencias. Mi obligación es detener y es lo que voy a hacer. Por encima de Santafé [jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en Baleares], de Jarabo [exjefe superior], del ministro y de quien se me ponga por delante. Amén”.

Los mensajes revelan una especial animadversión respecto a uno de los arrestados, Alberto Serna, a quien uno de los inspectores ya propone enviarlo a prisión. Es en ese momento cuando el juez le pide que analice “qué pruebas podría ir a buscar la Policía o podrían alterar los investigados” para allanar el camino de la cárcel. Uno de los agentes da el “parte de guerra” de la operación, significativo por la animadversión que revela hacia los detenidos: “todos encalabozados. Roig empastillado. Colom chulito. Serna hijoputa, imbécil y sobradito. Ramis llorando pero se quiere hacer el tonto y no lo es tanto”.

Una vez iniciado el operativo, Penalva habría instado a Subirán a filtrar a lo sucedido a un periodista a pesar de que las investigaciones se encontraban bajo secreto de sumario: “que le dé importancia a tope. Fraude mayúsculo en el IME, escandaloso y cosas así. Hay que dar titulares. Desfalco monumental”.

Más adelante, en otra de las conversaciones que se encuentran bajo investigación, uno de los participantes (al parecer el juez o el fiscal) asevera: “id pensando qué os parece abrir una pieza sólo del IME contra Roig y Serna, que está todo hecho y se puede juzgar rápidamente. De paso, si hay algo de Gijón igual cantan antes. Es rápido, directo, sin desgaste para nosotros y condena asegurada”.