La víctima de una estafa inmobiliaria en Palma pidió explicaciones y la acusada le dio cheques sin fondo

Una de las víctimas de la estafa inmobiliaria múltiple que juzga esta semana la Audiencia Provincial ha contado este lunes al Tribunal que al empezar los problemas en la compra del piso por el que había pagado, pidió explicaciones a la principal acusada, pero ésta le dio unos cheques que resultaron ser sin fondos y luego se esfumó.

En el banquillo se sientan cuatro personas, tres de ellas miembros de una misma familia: una mujer de 41 años, señalada como la líder del grupo que completan su marido (51) y su hija (23); también se juzga a un cuarto hombre como supuesto colaborador, aunque la Fiscalía no lo acusa.

La fiscal pide para cada uno de los miembros de la familia una condena de ocho años de prisión y multa de 8.760 euros por un delito de estafa agravada. Una acusación particular pide seis años de cárcel para el cuarto acusado.

El montante defraudado supera el medio millón de euros y hay una quincena de víctimas en Mallorca. Los hechos se sitúan entre los años 2019 y 2021. La Fiscalía sostiene que, a través de una empresa domiciliada en Es Rafal Nou, ofrecieron a las víctimas la compra de inmuebles urbanos --principalmente viviendas-- a precios muy competitivos, sólo para quedarse las arras y depósitos sin tener realmente ninguna intención de ejecutar las operaciones.

Al parecer, la principal investigada, que ejercía las labores de agente inmobiliaria, era una persona muy conocida en determinados barrios de Palma. Muchas de las víctimas son personas con pocos recursos económicos.

El primero de los afectados que ha declarado en el juicio regenta un restaurante en Son Gotleu, y conocía a la familia como clientes de su local. Al igual que el resto de perjudicados, ha señalado a la mujer como la cara visible de la supuesta estafa.

Todo comenzó cuando en el restaurante se comentó que él y su tío estaban interesados en comprar. "Me dijo que trabajaba en una inmobiliaria y que estaba vendiendo pisos. Me enseñó unos 20 o 30 pisos, con llave y todo", ha declarado el testigo, que cerró un acuerdo con ella para comprar dos pisos por 55.000 euros en el barrio.

El testigo pagó 27.500 euros en concepto de arras, pero llegada la fecha límite, la mujer le dijo que no podían firmar "porque la dueña estaba en el hospital", y realizaron una prórroga. "Después me encontré el piso con gente dentro haciendo una reforma", ha contado el denunciante, que a través de los obreros se enteró de que otra persona había comprado la vivienda directamente a la propietaria.

Al pedir explicaciones a la acusada, ésta intentaba "calmarle" con evasivas: "Me decía que estaban mirándolo", ha apuntado él. Hasta que el afectado se topó con el coche de la supuesta agente inmobiliaria en Son Gotleu y se paró detrás con su vehículo, "muy enfadado" y exigiendo que le devolviera su dinero.

Entonces, la acusada terminó reconociendo que había "perdido el piso" y le informó que le pagarían el duplo de las arras. Así le entregó dos cheques, que resultaron ser sin fondos. La víctima ha asegurado que perdió más dinero porque el banco le cobró 600 euros de comisión por cada cheque.

Después, fue imposible contactar con la agente inmobiliaria. El hombre hizo averiguaciones para localizar su domicilio, pero al acudir "no había nadie", y la mujer "tenía el móvil apagado".

PISO EN VERGE DE LLUC

Otra de las víctimas que ha declarado este lunes ha explicado que quiso comprar un piso en Verge de Lluc para destinarlo a residencia habitual. "Sabíamos que encima de nuestra casa había uno para comprar, y le preguntamos [a la acusada], fuimos al banco y dimos el dinero", ha contado el testigo, que ha afirmado que dio 15.000 euros en transferencia y 20.000 en efectivo. En este caso no firmaron contrato de arras, sino que todo fue verbal, ha puntualizado.

Cuando el joven supo "que no había nada", intentó ponerse en contacto con la acusada y ella no contestaba. Finalmente puso una denuncia. La víctima ha señalado que no le consta que la mujer hiciera ninguna gestión real para la compraventa del inmueble.

Por último, también ha comparecido en la Audiencia otro denunciante, un residente en Países Bajos de origen árabe que quiso comprar seis viviendas a través de un compatriota --el cuarto acusado-- que le remitió a la supuesta agente inmobiliaria: "Me dijo que ella tenía conocidos en el banco y sabe dónde hay casas baratas".

No llegó a formalizar ninguna de esas operaciones. El interlocutor puso una denuncia en su nombre: "Me dijo que ella había apagado su teléfono, y que él se iba a la Policía".

EL DINERO FUE RETIRADO SIN DEJAR RASTRO

La familia fue detenida en una gasolinera en la provincia de Cádiz tras ser geolocalizados por la Policía Nacional a través de la señal de los teléfonos móviles. Uno de los agentes ha explicado que los tres estaban viviendo en el coche junto a otro miembro de la familia, menor de edad, y un perro: "Toda su vida estaba en el vehículo", ha dicho un policía, en referencia a la documentación encontrada.

Según los agentes, en el momento de su detención los sospechosos estaban realizando una gestión telefónica con un banco. La familia estaba utilizando tarjetas prepago para sus comunicaciones, con líneas que habían adquirido hacía escasos días. En los teléfonos los agentes hallaron SMS de compañías de teléfono de países considerados de riesgo en cuanto a blanqueo de capitales.

El destino del dinero no se pudo rastrear. Las cuentas de los sospechosos y de la empresa que crearon estaban perpetuamente en números rojos, retirando automáticamente cualquier ingreso que recibieran: "Así como llegaba la transferencia, automáticamente se retiraba dinero en efectivo. La operativa parecía que era simplemente recibir y sacar, recibir y sacar", ha enfatizado el oficial que examinó las cuentas.

El agente ha razonado que los movimientos no parecen compatibles con la pretendida actividad mercantil: "Al menos, no ingresos que correspondan a una actividad normal".

Además de las responsabilidades individuales de los tres acusados, la Fiscalía solicita que se imponga a la mercantil una multa de tres millones de euros. Igualmente reclama que devuelvan a los perjudicados las cantidades defraudadas más intereses.

El juicio, que durará varios días, continuará este martes con las testificales de más víctimas. Los acusados serán los últimos en declarar, más adelante.