La Policía constata la estrategia de "expulsiones" del País Vasco desplegada por ETA

La Policía ha constatado en un informe el "contexto de persecución" y "de expulsiones forzadas" al que ETA sometió en el País Vasco y parte de Navarra a un grupo de la población civil, al que "colocó en la diana de su política de terror" y que representaba para la banda terrorista "un obstáculo para conseguir sus objetivos".

Era, según la tesis de los agentes, una "campaña estratégica de ETA" que se centró en miembros de partidos, pero que también "tuvo como objetivos a policías, militares, periodistas, miembros de la judicatura" y , "en definitiva, todo aquel que la organización considerase enemigo".

La Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha llegado a esta conclusión en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, que investiga el atentado contra el concejal del PP en Durango (Vizcaya) Jesús María Pedrosa, el 4 de junio de 2000.

Su antecesor en el juzgado, Alejandro Abascal, ordenó investigar si el "clima intimidatorio" desplegado por ETA y enmarcado en "la estrategia de terror" de la banda, provocó que militantes de partidos tuvieran que irse del País Vasco.

En su informe, que identifica a nueve responsables de la banda en el momento del atentado, la Policía da cuenta de "la existencia de todo un contexto persecutorio y de expulsiones forzadas de población por parte de ETA contra un grupo de población civil por su condición de español".

Los investigadores explican que, durante décadas, la "persecución de ETA" se enfocó contra "líderes políticos en el intento de crear un clima general de miedo" en el que "la población no nacionalista se sienta amenazada" y decidiera abandonar el País Vasco.

Dentro de esa estrategia, prosigue la Policía, se desplegaron acciones "ejercidas desde el ámbito de la denominada lucha de masas, fundamentalmente por Jarrai", como amenazas, coacciones o ataques de lucha callejera que "pretendía aterrorizar a sus objetivos" para que abandonasen el País Vasco.

Eran acciones "de muy diversa naturaleza, desde cartas amenazantes, pintadas señalando a la víctima, acciones de lucha callejera, aislamiento social y un largo etcétera", indican los agentes, que subrayan la dificultad de "contabilizar este tipo de hechos", dado que muchas víctimas no los denunciaban.

Los investigadores también constatan el "acoso continuado" que sufrió el concejal Jesús María Pedrosa, que estuvo "durante mucho tiempo" en el "punto de mira" de ETA y devino en objetivo de la banda terrorista "por ser miembro" del PP en un momento en el que ETA había desplegado una "estrategia de desestabilización" que marcaba como "objetivos directos" a los representante políticos, especialmente de este partido.

En la línea de otros informes, la Policía identifica a los miembros del Comité Ejecutivo de la banda terrorista en el momento del atentado. Este órgano era el que determinaba la "línea estratégica política y militar", el diseño, la planificación y a veces también la orden o autorización de atentar.

Este comité ejercía un "control férreo" sobre sus militantes y sus miembros "tenían la capacidad para decidir la concreta ejecución de una acción terrorista".

El juez reabrió el año pasado la investigación por el atentado contra Jesús María Pedrosa y admitió a trámite una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia contra diez exjefes de ETA: Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería; Javier García Gaztelu, Txapote; Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Múgica, Asier Oyarzabal, Juan Carlos Iglesias, alias Gadafi; Mikel Albisu, Mikel Antza; Vicente Goicoechea, Ramón Sagarzazu y María Soledad Iparaguirre, Anboto.