La Policía asegura que Rafael Amargo y su productor vendían droga para financiar su obra de teatro

La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el artista por vender droga de forma "persistente" junto con el productor

EFE | 08/04/2024

El bailaor Rafael Amargo (2i), el productor Eduardo de Santos (3i) y el socio de Amargo, Miguel Ángel Batista (i), en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Madrid. EFE

Los policías que investigaron al bailaor Rafael Amargo, acusado de traficar con estupefacientes desde su piso de Madrid, determinaron que él y el productor Eduardo de Santos vendieron droga conjuntamente para financiar la obra de teatro Yerma, que se estrenó en diciembre de 2020, y han relatado cómo era el "modus operandi" de los acusados.

En la Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado este lunes el juicio a Rafael Amargo, al productor Eduardo de Santos y al socio del artista Miguel Ángel Batista, acusados de integrar un grupo que traficaba con droga, fundamentalmente metanfetamina, que presuntamente vendían desde el piso de Amargo.

La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el artista por vender droga de forma "persistente" junto con el productor, para el que pide la misma pena. Para el otro acusado solicita seis años de cárcel por ser un "hombre de confianza" que entregaba la droga a los compradores.

Al inicio de la vista oral el tribunal ha aceptado, a petición de las defensas, que los acusados declaren al final del juicio, de manera que se prevé que lo hagan el jueves a última hora o el viernes.

Amargo ha llegado a la sede judicial a primera hora de la mañana desde la prisión de Soto del Real, donde está desde el pasado 3 de noviembre porque la Audiencia Provincial determinó que no había cumplido con la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado. Al igual que Eduardo de Santos.

Trajeado y con el pelo engominado, el artista ha aprovechado la entrada a la Sala para saludar brevemente a sus familiares, que estaban en el pasillo y que han seguido la vista.

El instructor del atestado policial por el que se detuvo en diciembre de 2020 a los procesados, tras seguimientos e intervenciones telefónicas, ha explicado que los tres implicados vendían droga a través de "mulas" que iban al piso de Amargo, en el barrio de Malasaña, y se movían en VTC.

Y que Amargo y Eduardo de Santos vendieron droga conjuntamente para poder financiar la obra Yerma, que se estrenó en Madrid el 5 de diciembre de 2020 tras unos días de retraso debido precisamente al arresto del artista el 1 de diciembre, tras el que quedó en libertad pero investigado.

"Vimos dos cosas, la primera que Eduardo (de Santos) era el productor de la obra de Yerma, y que Eduardo y Rafael estaban haciendo compras conjuntas (de droga) con el fin de obtener un beneficios para financiar esa obra", para la que necesitaban unos 3.000 euros, ha dicho.

Ha añadido que además cada uno vendía "por su cuenta", según las pesquisas practicadas, que revelaron que Amargo no tenia dinero para financiar Yerma ni un trabajo remunerado.

El policía ha relatado que comenzaron a investigar cuando se detectó un mayor movimiento de droga por la zona de Malasaña, y llegaron hasta un inmueble de la calle Palma número 4 -de Amargo- en el que había "trasiego de personas", y del que salían "mulas" que "tomaban medidas de seguridad".

Constataron que en estos hechos participaban personas que ya conocían porque habían sido detenidas antes, y que la droga salía en concreto del piso del artista.

Sin embargo el letrado de Armargo ha pedido al tribunal la nulidad de las intervenciones telefónicas y de registros porque hay "errores" que rozan la mentira, y ha preguntado incisivamente al policía sobre la fiabilidad y veracidad de la investigación.

"Podría haber un delito provocado", ha dicho el letrado, que al salir de la Audiencia ha apuntado que la Policía podría haber enviado a personas que conocía para comprar droga en ese piso.

Por su parte, el tribunal ha aceptado la petición del abogado de Eduardo de Santos de que se analice un informe del psiquiatra José Cabrera en el que se acredita una discapacidad de su defendido, por un trastorno cognitivo, y que es politoxicómano.

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