La Fiscalía mantiene la petición de tres años de cárcel para la exalcaldesa de Ses Salines
Redacción | 16/10/2020
El fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha mantenido este viernes la petición de una condena de tres años de cárcel y 12 de inhabilitación para la exalcaldesa de Ses Salines, Maria Bonet, acusada de hostigar a dos funcionarios que habían denunciado irregularidades.
El juicio ha quedado visto para sentencia en el tercer día de sesiones en la Audiencia Provincial de Baleares. Por su parte, el abogado de la defensa, José Zaforteza, ha pedido la absolución para la exalcaldesa. La Fiscalía le imputa presuntos delitos de prevaricación, obstrucción a la justicia y acoso laboral.
El fiscal acusa a Bonet de haber obstaculizado el trabajo de dos funcionarios, ambos arquitectos, y de abrirles un expediente de forma injustificada, supuestamente en venganza por haber denunciado presuntas irregularidades en el Ayuntamiento.
En su declaración, Bonet aseguró que cuando tuvieron lugar los hechos que la Fiscalía señala como acoso, ella no sabía de la existencia de la denuncia. En la conclusión del juicio, la Fiscalía ha combatido esta versión, señalando que los denunciantes manifestaron que el secretario municipal conocía la denuncia.
Para el fiscal, resulta "muy difícil" que sabiéndolo el secretario municipal y "siendo un Ayuntamiento pequeño", no se conociera la noticia, que además apareció en prensa.
Así, el representante del Ministerio Público ha relatado los "problemas que tenían los dos funcionarios para comunicar sus informes o justificar la entrega de documentos" por una decisión "arbitraria" de la exalcaldesa.
Además, ha considerado que el expediente disciplinario contra ellos fue "una construcción para represaliarlos por la denuncia que formularon", y que no buscaba "corregir" deficiencias sino "poder librarse de trabajadores incómodos".
LA DEFENSA ACUSA A LOS FUNCIONARIOS DE "UTILIZAR A LA FISCALÍA"
Por su parte, la defensa de la exalcaldesa ha solicitado la absolución, negando la versión de los denunciantes. "Han utilizado a la Fiscalía y la Fiscalía se ha dejado utilizar", ha sostenido el letrado, José Zaforteza.
El abogado ha avisado al Tribunal de que la versión de los funcionarios se basa "siempre en medias verdades" y les ha acusado de "ocultar sistemáticamente datos" que de haberse conocido antes podrían haber cambiado el resultado del proceso.
El letrado defensor ha mantenido que no hay "ni una sola prueba, ni directa ni indiciaria", de que la exalcaldesa conociera la denuncia cuando tomó las decisiones que la acusación tilda de prevaricadoras.
El abogado de la defensa ha afeado al denunciante que tras comunicar las presuntas irregularidades, cuando fue llamado a declarar se centrase en el expediente disciplinario, y que en el proceso penal contra la exalcaldesa posteriormente se apartó del procedimiento "puesto que el trabajo ya se lo ha hecho el fiscal, y se lo ha hecho gratis".
LA FISCALÍA PIDE UNA MULTA DE 6.000 EUROS
El fiscal pide que se condene a la exalcaldesa a pagar una multa de 6.000 euros. Originalmente solicitaba que, junto con el Ayuntamiento de Ses Salines, Bonet indemnizase a los dos funcionarios con 5.000 euros cada uno por los daños morales, pero los denunciantes renunciaron a esta indemnización al principio del juicio.
La acusación pública señala que después de la denuncia de los dos arquitectos -por la que se incoaron diligencias en un Juzgado de Manacor- la entonces alcaldesa "comenzó a obstaculizar el trabajo de los dos funcionarios, directamente o a través de órganos del Ayuntamiento, como respuesta a la intervención de dichos funcionarios respecto a las supuestas irregularidades".
El fiscal subraya en su escrito de acusación que lo hizo "siempre con conocimiento de que su actuación no respondía a la persecución del interés público que debía presidir sus actuaciones".
Así, en su escrito la Fiscalía acusa a Bonet de haber impedido que los funcionarios presentaran informes, imponiéndoles que procedieran a la comunicación directa de sus actuaciones. Sin embargo, cuando se dirigían directamente a ella, se negaba a recibir las comunicaciones, según la versión del Ministerio Público.
El fiscal detalla que los dos funcionarios no pudieron acceder a expedientes administrativos relacionados con su trabajo, y que uno de ellos fue destituido como jefe de urbanismo después del informe previo -sobre la paralización injustificada de 13 informes de disciplina urbanística- que dio lugar a la investigación contra la alcaldesa.
Finalmente, en mayo de 2015, la alcaldesa abrió un expediente disciplinario a los dos trabajadores, "con conocimiento de que las actuaciones de los funcionarios no habían sido constitutivas de infracción administrativa", según la Fiscalía. Con la apertura del expediente se les impuso una suspensión provisional de funciones durante un máximo de seis meses, y posteriormente fueron sancionados.
