Identifican a dos mossos que dieron "información confidencial" a Tsunami

Un informe de la Guardia Civil identifica a dos mossos d'esquadra y a un policía local por colaborar con Tsunami Democràtic, la plataforma anónima que organizó las protestas contra la sentencia del procés, facilitando "información confidencial" para eludir la "acción policial o judicial".

Así consta en las conclusiones de uno de los informes que la Guardia Civil ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga a Tsunami Democrátic. 

El informe sitúa en la cúspide de Tsunami a los empresarios Oriol Soler, Xavier Vendrell y Josep Campmajó y al asesor de Puigdemont Josep Lluís Alay, que fueron investigados por un juez de Barcelona en el marco del "caso Volhov" de presunto desvío de fondos al procés hasta que el magistrado remitió las diligencias al juez de la Audiencia Nacional ante los indicios de su vinculación con la plataforma anónima.

En el móvil de Campmajó, detalla el informe, la Guardia Civil halló una serie de capturas de pantalla de las que se deduce que la plataforma contaba con "colaboradores" en los distintos cuerpos policiales que le facilitaban "información confidencial de bases de datos policiales" o sobre "técnicas o protocolos policiales de carácter restringido".

En concreto, sostiene la Guardia Civil, un mosso d'esquadra le informó de la titularidad de determinadas matrículas de coche e "información policial privilegiada sobre despliegues y procedimientos operativos de las fuerzas y cuerpos de seguridad", además de asesoramiento en materia de vigilancia operativa.

El instituto armado refiere a otro agente de los Mossos que habría enviado a Campmajó la titularidad de una matrícula, así como a un cabo de la policía municipal de Girona que facilitó "información confidencial" sobre el funcionamiento del espacio Schengen e identificó a agentes del cuerpo local que iban vestidos de paisano.

EN LA CÚSPIDE DE TSUNAMI

En su informe, la Guardia Civil sitúa en el liderazgo de Tsunami Democràtic a los empresarios Xavier Vendrell y Oriol Soler, integrantes del "estat major" que organizó el 1-O, así como a Campmajó y al historiador Josep Lluís Alay, responsable de la Oficina de Carles Puigdemont y hombre de confianza del expresidente catalán.

Según el instituto armado, Soler era uno de los "actores fundamentales" de Tsunami, al ser una "pieza activa" en su "aspecto estratégico", ya que participó activamente en la monitorización de las acciones de la plataforma en tiempo real y en la toma de decisiones, además de en la confección de los comunicados oficiales.

Respecto a Vendrell, apunta que sería "uno de los miembros destacados" que participó en el diseño de su estrategia, mientras que Campmajó "estaría al mando" de un grupo de personas que ejercían "labor directiva y organizativa" sobre el terreno.

Asimismo, sostiene el informe que Alay era "el nexo de unión" entre la plataforma y el expresidente catalán Carles Puigdemont, a quien remitía información sobre los actos organizados por Tsunami y los respaldos que obtuviera la plataforma, con el fin de buscar su "aquiescencia".

UNA "AMENAZA EXCEPCIONALMENTE GRAVE" PARA EL ESTADO

Según la Audiencia Nacional, Tsunami Democràtic, que surgió tras la condena a la cúpula del "procés" en octubre de 2019, suponía una "amenaza excepcionalmente grave" para el Estado y para la "integridad territorial", con "indudables posibilidades de subvertir y perturbar el orden constitucional".

Así lo sostenía la Audiencia Nacional en una comisión rogatoria que emitió en diciembre de 2019 ante Suiza, y que fue denegada, para solicitar su ayuda con el fin de seguir el rastro financiero de Tsunami, en el marco de su investigación por un delito de terrorismo.

La Audiencia advertía en su escrito que Tsunami había demostrado un "excepcional" poder de convocatoria con protestas que derivaron en "múltiples incidentes", "violentos disturbios" y "acciones subversivas", denotando una "directa intencionalidad de desestabilización".

En concreto, ponía como ejemplo la invasión del recinto del Aeropuerto del Prat, que obligó a cancelar 108 vuelos y causó más de 50 heridos, o las protestas por una visita de los Reyes a Cataluña, en que se constató el "poder de instigación, manipulación y control de masas" que ejercía esta plataforma sobre la sociedad civil catalana "más comprometida con las tesis soberanistas".

También hacía alusión la Audiencia a los cortes en la AP-7 en La Jonquera (Girona), una protesta en la frontera con Francia que Tsunami calificó como "completamente exitosa" a pesar de los "múltiples incidentes" registrados.

Suiza denegó la cooperación solicitada por la Audiencia, al concluir que el "delito político" no da lugar a su cooperación "en la medida en que está dirigido exclusivamente contra la organización política y social del Estado requiriente, incluso en el marco de una lucha por o contra el poder".