Exinterventora de Felanitx cree que la redacción de los pliegos de playas benefició a la empresa ganadora

Durante su paso por Felanitx, fue la única ocasión en la que vio que se externalizara la redacción de unos pliegos

EP | 11/06/2024

En primera fila del banquillo, el exalcalde de Felanitx, Biel Tauler, el exconcejal de Playas, Juan Ramón Vidal, el propietario de Marportunbeach y el secretario municipal, en el juicio por el supuesto amaño de un concurso, en la Audiencia Provincial.

La exinterventora del Ayuntamiento de Felanitx ha declarado este martes, en la Audiencia Provincial, que considera que la redacción de los pliegos del concurso de playas investigado por un posible amaño beneficiaba a la empresa ganadora sobre las demás.

Así ha respondido la extrabajadora en su comparecencia como testigo en el juicio que celebra estos días la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. En el banquillo se sientan, entre otros, el exalcalde del PP Biel Tauler (2011-2015), y el exconcejal de Playas, Juan Ramón Vidal, acusados de haberse concertado para asegurar que la concesión fuera a parar a una empresa determinada, Marportunbeach.

La que era interventora municipal en el momento de los hechos ha destacado un detalle que le "llamó la atención": que se incluyera en el pliego, como mejora, un tipo de certificado ISO que "la única que lo presentó" fue la ganadora. Para las demás, "era imposible" obtenerlo en el plazo: "Presentaron otros, pero con ese título específico, sólo fue esta empresa".

Precisamente, la interventora se había opuesto a que estos certificados pudieran ser objeto de valoración en la adjudicación, sino que entendía que debían considerarse como criterios de solvencia. De la forma en la que se hizo, daba "bastantes más puntos" y se otorgaba a estos certificados una "importancia" excesiva, a su entender.

"¿Piensa que esta redacción de los pliegos favoreció a alguna empresa en concreto?", ha interrogado el fiscal Anticorrupción, Juan Carrau. "En mi opinión, sí", ha expresado la interventora, que corrobora que la oferta de Marportunbeach destacaba por estar "muy bien presentada", "mucho más extensa, muy preparada" en comparación con el resto.

A lo largo de su declaración, la extrabajadora del Ayuntamiento ha repasado todo el proceso desde su origen. La interventora ha expuesto que, a su criterio, el uso del procedimiento de urgencia podía estar justificado "en cierto modo", aunque cree que se hubiera podido convocar con más tiempo, condicionando el anuncio a la autorización definitiva de Costas, como ya se había hecho en 2008.

CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO PARA ELABORAR LOS PLIEGOS

Otro de los factores que para la Fiscalía sería indiciario del presunto amaño es el encargo a un trabajador externo para la redacción de los pliegos. Anticorrupción cree que se contrató a una persona próxima a la empresa y que su elección fue una artimaña para que las condiciones se diseñaran favoreciendo a la mercantil. En el primer día del juicio, Tauler defendió en cambio que la complejidad de los pliegos hacía necesaria esta contratación porque no era "viable" para el Ayuntamiento hacerlo con personal propio.

La interventora no ha compartido la opinión del exalcalde, manifestando que, a su parecer, los trabajadores municipales "lo hubieran podido hacer perfectamente". Durante su paso por Felanitx, fue la única ocasión en la que vio que se externalizara la redacción de unos pliegos. "Me dijeron que era porque tenían mucho interés en que saliera bien a la primera, habían perdido bastantes banderas azules y tenían interés en que el procedimiento fuera perfecto", ha detallado.

Otro punto polémico fue la gestión de los plazos. El anuncio en el BOIB se publicó un sábado y el plazo de diez días se veía acortado a ocho, por lo que el Ayuntamiento decidió dar dos días más y permitir que las empresas retiraran los sobres presentados para sustituirlos; para la interventora, esto último era del todo inaudito.

La trabajadora se asesoró con el Consell Insular e informó al secretario --investigado también por el presunto amaño-- de que lo procedente sería paralizar el concurso, dar marcha atrás y empezar de cero reiniciando el plazo. Su sugerencia no se estimó. En el juicio, la exinterventora ha argumentado que la ampliación en dos días era "injusta para unos y para otros": tanto para los que ya hubieran presentado sus ofertas elaboradas con menos margen como para los que tal vez ya habían renunciado a concurrir por el escaso plazo inicial.

Además, autorizar la sustitución de ofertas "tampoco era lo normal". De hecho, esto permitió que un sobre con sello de dos empresas distintas, que debería haber quedado excluido, fuera retirado y las empresas presentaran nuevos sobres sin aquella irregularidad.

CREE QUE SU SALIDA FUE UNA REPRESALIA

La testigo dejó de trabajar para el Ayuntamiento después de la adjudicación, por un cambio de categorías que la perjudicaba --y que benefició al secretario municipal investigado, según ha indicado--. "A mí nadie me dijo nada, hicieron todos los trámites legales para hacer cambios de categoría y yo me tuve que buscar otro ayuntamiento", ha dicho la profesional.

A preguntas del fiscal, la exinterventora ha reconocido que piensa que esta maniobra fue una represalia contra ella. En el juicio ha explicado que sus reparos, exigiendo que se justificaran jurídicamente las decisiones, "retrasaron bastante" todo el concurso. Además, considera que varias de sus objeciones no se contestaron con argumentaciones jurídicas sólidas.

En cualquier caso, a preguntas de la defensa del concejal, la exinterventora ha aclarado que no vio en él ánimo de beneficiar a la empresa y que de hecho veló por que hubiera informes jurídicos que avalaran los pasos que se daban: "Hasta que no hubiera informe jurídico positivo él no continuaba".

PRESUNTO AMAÑO

La Fiscalía sostiene que el presunto amaño se gestó elaborando un concurso a medida, adelantando los pliegos al empresario para darle ventaja, acortando ilegalmente los plazos de presentación de ofertas e incluyendo a una persona ajena al Ayuntamiento en las valoraciones, según las tesis del fiscal Anticorrupción.

El fiscal pide para el exalcalde una pena de dos años de cárcel y 20 años de inhabilitación para ejercer cargo público, por presuntos delitos de prevaricación continuada y fraude.

Para el regidor pide cuatro años de cárcel e inhabilitación por 23 años; y para el empresario, cuatro años de cárcel, inhabilitación para cargo público durante nueve años y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones públicas e incentivos fiscales durante 12 años y medio, por presuntos delitos de fraude, aprovechamiento de información secreta y prevaricación continuada (este último, como inductor).

En el banquillo se sientan también el propietario de la mercantil --y la empresa como responsable civil subsidiaria--, el secretario y el ingeniero municipales y el técnico externo que elaboró los pliegos. Además se juzga también a un trabajador de la empresa ganadora, antiguo encargado del chiringuito de Cala Marçal, acusado de haber estrellado deliberadamente su coche contra el negocio de un competidor que había impugnado las adjudicaciones.

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